Tensión en Washington. La congresista demócrata Ilhan Omar ha respondido formalmente al registro realizado por agentes federales en su domicilio a principios de esta semana.
El Gobierno de Donald Trump ejecutó una orden de registro en la madrugada del lunes como parte de una investigación por presunto fraude inmigratorio, declaraciones falsas en documentos gubernamentales y una posible conspiración. Ante esto, la representante cuestiona la legalidad del operativo y exige la devolución de sus bienes incautados.
A través de una carta enviada al Departamento de Justicia, los abogados de Omar, Amy Jeffress y Joshua Matz, califican la investigación como "vengativa, punitiva y con motivaciones políticas", afirmando que vulnera los derechos constitucionales de la congresista y amenaza la separación de poderes. Respecto a su estatus migratorio, la defensa sostiene que no hay fundamento legítimo para las acusaciones, ya que Omar se naturalizó legalmente en el año 2000 tras huir de Somalia en 1995.
El equipo legal también denunció irregularidades procesales. Aseguran que la Oficina del Asesor Jurídico de la Cámara de Representantes no fue notificada a tiempo y que no se respetaron los parámetros establecidos por el juez federal. Además, señalan que no hubo presencia de fiscales para informar a la congresista sobre sus derechos bajo la Cláusula de Discurso o Debate, lo que impidió la identificación y separación de materiales protegidos.
Finalmente, los abogados subrayan que el registro ocurrió menos de tres semanas antes de las elecciones, un periodo en el que el Departamento de Justicia suele abstenerse de tales acciones para evitar apariencias políticas. En su misiva, solicitaron que se conserven todas las grabaciones de audio y video del operativo y pidieron que los agentes respeten el título adecuado de la representante en lugar de utilizar su nombre de pila.
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