La ola de movilizaciones civiles parece haber encontrado un terreno fértil en diversas latitudes del globo. Desde las protestas estudiantiles en Francia y el movimiento de las “Cucharachas” en India, hasta las masivas acampadas por el derecho a la vivienda en España, la inestabilidad social se ha vuelto una constante. América Latina no escapa a esta tendencia, manifestando tensiones internas que han llevado a los gobiernos regionales a replantear sus estrategias de orden público y sus alianzas internacionales.
En Colombia, el panorama reciente ha estado marcado por el despliegue del primer paro nacional contra el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, ocurrido el pasado miércoles 14 de octubre de 2026. Apenas un día después, el 15 de octubre, las calles de Buenos Aires se vieron colmadas por una gran marcha universitaria. Estas respuestas sociales han forzado a los mandatarios a adoptar medidas restrictivas; en el caso colombiano, De la Espriella firmó el martes 13 de octubre un nuevo decreto diseñado para intervenir específicamente contra aquellos ciudadanos que cometan actos violentos durante las protestas. Por su parte, Argentina mantiene vigente desde 2023 su protocolo antipiquetes, a pesar de haber sido cuestionado por la Justicia en años anteriores.
Más allá de las respuestas internas, existe un movimiento geopolítico más profundo que alinea a varias naciones latinoamericanas con Estados Unidos. Esta tendencia se materializa en la creación y consolidación del llamado Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Washington que agrupa a 15 países, entre los que se incluyen Colombia, Argentina, Chile, Ecuador y Perú. El objetivo central de esta alianza es la seguridad, combinando la cooperación económica, la coordinación diplomática y el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia y control.
Andrés Felipe Cardona-Orozco, analista en temas de seguridad, sostiene que el mayor desafío para el Gobierno colombiano radica en la capacidad de distinguir entre el ejercicio legítimo del derecho a la protesta y los actos de violencia. Según Cardona-Orozco, el nuevo decreto no debe afectar las manifestaciones como derecho consagrado, aunque admite que la línea que separa la protesta del vandalismo es "muy delgada". El analista percibe en la actual política de seguridad un distanciamiento estratégico del gobierno anterior, enfocando los esfuerzos no solo en el control de las marchas, sino primordialmente en el combate al narcotráfico y el terrorismo, áreas donde Colombia encuentra intereses comunes con Estados Unidos.
Desde una perspectiva más crítica, Rut Diamint, profesora de la Universidad Torcuato di Tella, sitúa este acercamiento en el contexto de una disputa geopolítica global. Diamint describe la situación como una suerte de "nueva Guerra Fría", donde la Administración de Donald Trump busca asegurar que los gobiernos de la región se mantengan alineados y demuestren ser aliados estratégicos. Si bien reconoce que existen beneficios en esta cercanía, advierte que también conlleva una peligrosa dependencia política.
Diamint califica el Escudo de las Américas como una herramienta de presión o "chantaje", sugiriendo que Estados Unidos podría condicionar el apoyo en acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) o respaldos a candidaturas políticas a cambio de la adhesión a este esquema de seguridad. Asimismo, señala que esta alianza ha sido adoptada principalmente por gobiernos de derecha, mientras que los sectores de izquierda se han mostrado más reticentes.
En términos operativos, el Escudo de las Américas busca optimizar el intercambio de inteligencia, facilitar el acceso a tecnologías de seguridad avanzadas, capacitar al personal y coordinar acciones contra organizaciones criminales transnacionales. Cardona-Orozco resalta la utilidad de estas herramientas para combatir el tráfico de armas, la trata de personas, el narcotráfico y el tráfico de migrantes. No obstante, el experto aclara que aún quedan pendientes definiciones sobre los costos presupuestarios para Colombia y las condiciones de las operaciones conjuntas, factores que serán determinantes para evaluar el impacto en la soberanía nacional.
Por otro lado, Diamint expresa su preocupación por la posible militarización de la seguridad interna. Argumenta que el Escudo está orientado a luchar contra el narcotráfico, una tarea que, a su juicio, no corresponde a las Fuerzas Armadas. En el caso de Argentina, la experta subraya que ya existen suficientes mecanismos, como las policías federales y provinciales, la Gendarmería y la Prefectura, para hacer cumplir la ley. Diamint enfatiza que las policías y los militares poseen entrenamientos y equipamientos totalmente distintos, y que la separación de sus funciones debe mantenerse estrictamente para evitar el uso de fuerzas militares en tareas de seguridad ciudadana.
En conclusión, el Escudo de las Américas se presenta como un proyecto ambivalente. Mientras algunos expertos ven en él una oportunidad para mejorar la eficiencia contra el crimen organizado mediante la cooperación con Estados Unidos, otros advierten sobre los riesgos de la dependencia política y la desnaturalización de las funciones militares en la región.
