El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha ofrecido precisiones detalladas sobre la posibilidad de una liberación anticipada para un grupo de personas detenidas en el marco de su estrategia de seguridad contra las pandillas. El mandatario aclaró que esta medida no beneficiaría a los pandilleros, sino a un grupo específico de individuos que habrían prestado una colaboración calificada como "ocasional" a dichas estructuras criminales.
La aclaración surge tras una serie de declaraciones previas y consultas mediáticas. El pasado miércoles, Bukele mencionó que estaba estudiando la posibilidad de una excarcelación anticipada, luego de que su hermano, Ibrajim Bukele, afirmara la existencia de una comisión encargada de revisar los expedientes de más de 93.000 personas que han sido capturadas durante los cuatro años de la denominada "guerra" antipandillas.
Ante una solicitud de precisiones realizada por la agencia AFP, el jefe de Estado salvadoreño especificó este viernes que la evaluación de liberación abarcaría exactamente a 10.629 personas. Según la definición del presidente, estos individuos realizaron favores ocasionales a las bandas criminales, pero no forman parte de sus estructuras organizativas. Bukele fue tajante al respecto durante una rueda de prensa celebrada junto a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, quien se encontraba de visita en el país, asegurando que "ningún pandillero va a salir libre. Nunca".
En el mismo espacio, el mandatario negó rotundamente que estuviera considerando liberar a la mitad de los presos detenidos bajo el régimen de excepción. Bukele calificó como una "tergiversación" las afirmaciones publicadas por algunos medios de comunicación, a quienes describió como "activistas". Para aclarar su postura, explicó que su visión se centra en la implementación del programa "Cero Ocio", un sistema de reinserción y beneficios diseñado por su gobierno.
El presidente afirmó que, tras una revisión previa, considera que aproximadamente un 50% de los detenidos podría integrarse al programa "Cero Ocio" para facilitar una salida más rápida y en condiciones de haber sido reformados. Bukele justificó esta medida argumentando que es preferible que estas personas salgan rehabilitadas en lugar de esperar diez años en prisión, tiempo que, según su criterio, podría convertirlos en criminales más peligrosos.
No obstante, la implementación de este programa y la posible reducción de penas han generado controversia. Diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) han señalado que la gran mayoría de las personas detenidas bajo el régimen de excepción aún no han sido condenadas, lo que pondría en entredicho la aplicación de beneficios destinados a personas ya sentenciadas. Asimismo, organizaciones humanitarias han cuestionado que se considere la "colaboración delictiva" como un criterio, sin tomar en cuenta el clima de temor y coacción que infundían las pandillas en la población, así como la posibilidad de que existan personas inocentes recluidas en las cárceles.
A pesar de estas críticas, Bukele sostuvo que los posibles beneficiarios de la medida recibirían sanciones proporcionales a su grado de participación en actividades delictivas, insistiendo en que son culpables de delitos, aunque estos fueran menores. El presidente no proporcionó detalles sobre la fecha en la que se aplicaría la medida ni indicó cuál sería la institución responsable de decidir sobre cada caso individual.
Este planteamiento de reducción de tiempo en prisión contrasta con la política de "mano dura" que ha caracterizado la gestión de Bukele. El régimen de excepción, implementado en marzo de 2022, permite realizar detenciones sin necesidad de una orden judicial. Según cifras oficiales, esta medida ha llevado a prisión a más de 93.000 personas.
Mientras el gobierno salvadoreño atribuye a esta ofensiva una reducción histórica de los homicidios en el país, las organizaciones humanitarias denuncian la existencia de detenciones arbitrarias y reportan más de 500 muertes bajo la custodia del Estado. No obstante, durante la conferencia de prensa, Bukele defendió fervientemente su modelo de seguridad, calificándolo como "el mejor plan de combate al crimen del mundo" y asegurando que nadie en la historia de la humanidad, en ningún país, ha logrado los resultados que su administración ha alcanzado.
