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CJNG ordenó asesinato de exalcalde de Uruapan como represalia por detenciones

La Fiscalía confirmó que el CJNG asesinó a Carlos Manzo, exedil de Uruapan, en represalia por operativos de seguridad. Conoce los avances del caso.

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CJNG ordenó asesinato de exalcalde de Uruapan como represalia por detenciones

La Fiscalía General del Estado de Michoacán ha revelado detalles cruciales sobre el móvil del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, quien se desempeñara como presidente municipal de Uruapan. De acuerdo con las declaraciones brindadas por Israel Vega Rodríguez, encargado de la Fiscalía, el crimen fue perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una medida de represalia directa contra las estrategias de seguridad implementadas por el ahora exalcalde durante su gestión.

A casi un año de haberse consumado el homicidio, las autoridades ministeriales informaron que las diligencias y los trabajos de inteligencia han permitido trazar una línea de investigación sólida. Según el funcionario, el grupo criminal actuó motivado por las acciones operativas emprendidas en el municipio de Uruapan, destacando entre ellas la captura de René N., conocido bajo el alias de "El Rino", quien es señalado como un presunto líder delincuencial en la zona. Esta detención habría sido el detonante principal para que la estructura criminal determinara eliminar al entonces edil.

En cuanto al avance del caso, el vicefiscal Israel Vega Rodríguez subrayó la importancia de haber capturado a los presuntos autores intelectuales del crimen. Se trata de Ramón Ángel N., alias "El R1", señalado como presunto líder del CJNG, y de Jorge Armando N., alias "El Lic". Ambos individuos se encuentran actualmente recluidos en el centro penitenciario de El Altiplano, lo que representa un paso significativo para la reconstrucción total de los hechos y el esclarecimiento del móvil del asesinato.

La investigación presenta, a la fecha, un avance del 90 por ciento. Este progreso es el resultado de un esfuerzo coordinado entre diversas corporaciones estatales y federales, lo que ha permitido la detención de un total de 33 personas vinculadas al caso. El funcionario destacó que la carpeta de investigación cuenta con evidencia técnica, científica y jurídica suficiente para avanzar con firmeza hacia el esclarecimiento total del crimen. Asimismo, señaló que la coordinación entre las autoridades ha sido fundamental para debilitar la estructura criminal que operaba en la región de Uruapan.

A pesar de los avances, la Fiscalía General del Estado reconoció que el proceso aún no ha concluido. Existen líneas de investigación abiertas para lograr la detención de otros presuntos participantes en el homicidio. Un punto crítico que aún se encuentra bajo análisis es la posible existencia de filtraciones internas de información. Las autoridades buscan determinar si personas con funciones periféricas dentro de la operación criminal habrían proporcionado datos sensibles sobre los movimientos y la agenda personal del exalcalde Carlos Manzo, facilitando así la ejecución del crimen. Vega Rodríguez precisó que esta línea de investigación permanece bajo reserva mientras se determina el alcance real de dichas filtraciones.

En relación con posibles implicaciones políticas, el vicefiscal fue cuestionado directamente sobre la participación de figuras como Raúl Morón Orozco y Leonel Godoy Rangel. Al respecto, Israel Vega respondió con claridad que, hasta el momento, la investigación no ha arrojado indicios que sugieran la participación de alguna línea política en el homicidio del exalcalde.

Finalmente, el funcionario se refirió a la situación de Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, en relación con el manejo de un teléfono celular vinculado al caso. Vega Rodríguez explicó que la alcaldesa tiene el derecho legal de aportar información adicional o ampliar su declaración en cualquier momento que lo considere pertinente. Recalcó que cualquier requerimiento oficial hacia ella debe realizarse siguiendo estrictamente los procedimientos establecidos por la ley.

La Fiscalía reiteró su compromiso de buscar que todas las responsabilidades sean acreditadas ante los tribunales correspondientes, asegurando que el proceso se llevará a cabo con absoluto respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia de todos los implicados.

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