La Región Metropolitana de Santiago se encuentra en el centro de una intensa controversia institucional tras revelarse que, en 2022, se rechazó la financiación de un proyecto crítico para la instalación de radares meteorológicos. Esta situación ha vuelto a cobrar relevancia luego de que la capital enfrentara uno de los octubre más lluviosos de su historia, marcado por fenómenos climáticos severos que pusieron en evidencia la vulnerabilidad del sistema de alertas actual.
El conflicto se remonta a septiembre de 2022, cuando la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) presentó una propuesta formal ante el Gobierno Regional (GORE) Metropolitano de Santiago. El objetivo central de dicha iniciativa era optimizar el Sistema de Alerta Temprana (SAT) para permitir la realización de pronósticos precisos y anticipar eventos catastróficos, tales como inundaciones, tormentas eléctricas y aluviones, con un enfoque especial en la zona precordillerana.
Para lograr este avance tecnológico, la DMC solicitó una inversión superior a los 6.300 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). El presupuesto estaba destinado no solo a la adquisición de dos radares meteorológicos y detectores de tormentas, sino también al incremento de la red de estaciones meteorológicas en la región.
Técnicamente, la implementación de estos radares habría permitido a las autoridades diferenciar con exactitud los tipos de precipitación —ya sea lluvia, nieve, granizo o graupel— y determinar su intensidad. Además, habrían facilitado la medición de la velocidad de las nubes, la ubicación de la isoterma 0ºC y la detección temprana de la formación y el desplazamiento de tornados, herramientas fundamentales para la gestión de emergencias en un contexto de cambio climático.
Sin embargo, a pesar de los argumentos técnicos expuestos por la repartición dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el Gobierno Regional, liderado por el gobernador Claudio Orrego, decidió no priorizar la iniciativa en aquel momento.
La urgencia de este equipamiento quedó manifiesta recientemente tras dos eventos climáticos críticos. El pasado 8 de octubre, un aluvión en la Quebrada Honda provocó inundaciones de agua y barro en el sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, debido a una fuerte concentración de lluvias en un corto periodo de tiempo. Apenas unos días después, el martes 13, Santiago fue azotada por una tormenta que incluyó relámpagos, granizos e incluso la formación de un tornado.
Ante este escenario, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, propuso utilizar el 2% de emergencia del presupuesto regional para adquirir los dos radares pendientes. No obstante, esta propuesta generó una respuesta inmediata y tajante por parte del gobernador Claudio Orrego. El mandatario regional aclaró que el Gobierno central no tiene facultades para disponer directamente del 2% de los gobiernos regionales, señalando que solo puede solicitarlo. Asimismo, Orrego afirmó que el presupuesto de este año ya se encuentra totalmente comprometido, descartando la posibilidad de destinar fondos inmediatos para este fin.
A pesar de la negativa presupuestaria inmediata, Orrego manifestó su disposición a contactar a la DMC para verificar la disponibilidad de los equipos y buscar una vía de adquisición, reconociendo que Santiago debe estar mejor preparada frente a las amenazas climáticas.
Por su parte, el Gobierno Regional, consultado sobre las razones del rechazo inicial del proyecto en 2022, explicó que la propuesta no cumplía con los requisitos establecidos en la Circular N° 5. Según el ente regional, las inversiones vinculadas a áreas como Defensa deben estar enmarcadas en un Convenio de programación con el ministerio correspondiente. El GORE sostuvo que, durante todo el proceso, ninguna autoridad del Ministerio de Defensa, de la DGAC ni de la DMC solicitó una reunión para proponer dicho convenio, lo que impidió la priorización del financiamiento.
Actualmente, la solución parece haberse desplazado hacia el futuro cercano. Se ha anunciado una reunión coordinada con el Ministerio del Interior para evaluar la instalación de los radares, contemplando que el financiamiento se gestione para el presupuesto del año 2027. Según indicó el Gobierno Regional, este nuevo esquema requerirá un aporte del nivel central, mientras que el Gobierno de Santiago evaluará su contribución final una vez que se apruebe el presupuesto correspondiente a dicho año.
