El proceso judicial derivado de la tragedia del desplome del techo de la discoteca Jet Set retomará este viernes sus sesiones en la sala de audiencias. En esta ocasión, el desarrollo del juicio se centrará en una cuestión jurídica determinante que podría alterar significativamente el rumbo del proceso: la calificación legal de los hechos atribuidos a Antonio y Maribel Espaillat.
El juez Franny González, quien preside la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, tiene la tarea de resolver una solicitud formal presentada por los abogados de las víctimas. Los querellantes sostienen que, tras analizar los elementos debatidos durante el proceso, es justificado modificar la calificación jurídica de los cargos, pasando de homicidio involuntario a homicidio voluntario bajo la figura del dolo eventual.
Este planteamiento ha generado un fuerte enfrentamiento de posiciones entre las querellas y la defensa técnica de los imputados. La causa busca establecer las responsabilidades penales por el colapso ocurrido el 8 de abril de 2025, un suceso que dejó un saldo devastador de 236 personas fallecidas y más de 180 heridos.
El eje central de la audiencia será el análisis del dolo eventual. Desde el punto de vista jurídico, esta figura se aplica cuando una persona prevé que un resultado ilícito puede ocurrir y, aun así, acepta el riesgo de que dicho resultado se produzca. La aplicación de esta calificación requiere una valoración exhaustiva de las circunstancias y las pruebas presentadas, por lo que el tribunal ha aclarado que su adopción no implica automáticamente la declaración de culpabilidad de los imputados, sino un cambio en la naturaleza del delito que se juzga.
Los abogados que representan a las víctimas argumentan que existieron indicadores claros de peligro que debieron ser atendidos oportunamente. Según su postura, las pruebas incorporadas al expediente permiten respaldar que los imputados eran conscientes de los riesgos estructurales, lo que justificaría la gravedad de la nueva calificación solicitada.
Por su parte, la defensa, liderada por el abogado Miguel Valerio, rechaza tajantemente esta interpretación. Valerio ha sostenido que no se ha demostrado que Antonio Espaillat tuviera conocimiento de la posibilidad de que el techo colapsara ni que hubiera aceptado el riesgo de que se produjeran muertes. La defensa ha cuestionado que se pretenda atribuir a su representado un conocimiento previo sobre una falla estructural sin que existan pruebas que demuestren que el desenlace era previsible.
Un punto procesal relevante es que los querellantes han solicitado que, en caso de que el juez acceda a modificar la calificación jurídica, sea el mismo magistrado quien continúe conociendo el expediente. Esta petición tiene como objetivo evitar que el juicio tenga que reiniciarse desde cero, lo que prolongaría aún más la espera de justicia. No obstante, este planteamiento sigue siendo una solicitud y no una decisión adoptada por el tribunal.
El historial del proceso indica que los hermanos Espaillat fueron enviados a juicio de fondo el pasado 15 de junio, por disposición del juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. El juicio propiamente dicho inició el 28 de agosto con la lectura de la acusación del Ministerio Público y las querellas correspondientes.
Durante el desarrollo del proceso, se han discutido exhaustivamente las condiciones estructurales del local. Peritos presentados por el Ministerio Público, incluyendo a los ingenieros Leonardo Reyes Madera, Máximo Corominas y Eduardo Adolfo Fierro, señalaron que el colapso fue provocado por una sobrecarga excesiva sobre el techo. Según los informes técnicos, se instalaron seis unidades de aire acondicionado con un peso estimado de entre 15 y 20 toneladas cada una, además de tinacos y otras instalaciones, sin que existieran estudios técnicos que garantizaran que la estructura podía soportar tal carga.
La defensa, durante los interrogatorios, ha cuestionado las mediciones y los informes periciales, elementos que forman parte del debate probatorio que el tribunal deberá valorar. Asimismo, se han presentado testimonios sobre filtraciones y problemas con los plafones, puntos sobre los cuales las partes mantienen discrepancias sobre el nivel de conocimiento que tenían los imputados.
Más allá de lo jurídico, la tragedia mantiene una fuerte carga social. El Movimiento Justicia Jet Set recientemente organizó una vigilia frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde colocaron 236 sillas vacías y encendieron velas en memoria de los fallecidos, buscando visibilizar la demanda de justicia de las familias afectadas.
La decisión del juez Franny González sobre la calificación jurídica será seguida atentamente por todas las partes. Aunque esta determinación no constituirá un veredicto final sobre la inocencia o culpabilidad de Antonio y Maribel Espaillat, sí definirá el marco legal bajo el cual se juzgará el colapso que conmocionó al país hace más de un año.
