Tras el impacto del devastador terremoto que sacudió el interior del país, las autoridades han formalizado la transición de las labores de atención oficial hacia una etapa determinante. Esta nueva fase se centra prioritariamente en la reconstrucción de las viviendas afectadas, la rehabilitación integral de la red hospitalaria y la estabilización de las miles de familias que quedaron damnificadas a raíz del sismo.
El Gobierno Nacional ha informado que las brigadas de asistencia ya se encuentran desplegadas y han iniciado intervenciones directas en las comunidades que sufrieron los daños más severos. Este avance ha sido posible gracias a la recepción del primer lote de materiales de construcción, los cuales están destinados específicamente a la edificación de las primeras 300 soluciones habitacionales para las personas que perdieron sus hogares.
Uno de los ejes más críticos de este proceso de recuperación es el restablecimiento de la infraestructura médica, fundamental para garantizar la salud de la población civil. Las autoridades han confirmado que seis instalaciones clave serán totalmente reconstruidas. Entre ellas se encuentra el Hospital de Tonosí, ubicado en la provincia de Los Santos, así como los centros de salud de Mariato, La Colorada, Pitaloza, Río de Jesús y Cerro Viejo. La meta es devolver la plena capacidad operativa a estos centros para asegurar la atención primaria y especializada en las zonas rurales.
Simultáneamente a los proyectos de reconstrucción total, se ha logrado un avance significativo en otras instalaciones sanitarias. Cuatro nosocomios de la región afectada han conseguido retomar sus operaciones de manera parcial, permitiendo que la población tenga acceso a servicios básicos de salud. Estos centros son el Hospital de San Félix, el Hospital Cecilio Castillero, el Hospital Aquilino Tejeira y el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas.
Durante la presentación del balance oficial, el ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, proporcionó detalles sobre la situación de la población desplazada. Según el reporte, un total de 3,696 personas se mantienen actualmente hospedadas en 46 albergues temporales distribuidos en las zonas afectadas. La provincia de Veraguas es la región que concentra el mayor volumen de damnificados, albergando a 2,569 ciudadanos.
En cuanto a la evaluación de daños estructurales, los equipos técnicos han realizado inspecciones en más de 2,300 viviendas para determinar si son habitables o si representan un riesgo para sus ocupantes. Mientras se procesan estos informes, avanzan las tareas de remoción de escombros y la reparación de terrenos, procediendo ya al hincado de los primeros cimientos para las nuevas viviendas.
En el ámbito de la asistencia humanitaria, las acciones gubernamentales han logrado impactar a 15,139 personas, lo que representa un apoyo directo a 4,485 familias. La logística de abastecimiento ha sido coordinada a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), entidad que ha distribuido un total de 19,500 bolsas de alimentos en las provincias de Los Santos, Veraguas, Coclé y Herrera.
Además del suministro alimentario, se han gestionado recursos vitales, destacando la entrega de más de 600,000 litros de agua potable para evitar crisis sanitarias en los asentamientos temporales. Asimismo, se ejecutaron operaciones logísticas complejas de evacuación aérea y marítima, mediante las cuales fueron trasladadas 415 personas que se encontraban en zonas de difícil acceso o en áreas catalogadas como de alto riesgo.
Por su parte, el sector educativo también se encuentra en proceso de evaluación. El Ministerio de Educación (Meduca) mantiene cuadrillas de inspección desplegadas en 500 centros educativos oficiales. El objetivo es certificar la seguridad estructural de los planteles antes de permitir el regreso de los estudiantes. El retorno a las aulas se llevará a cabo de forma progresiva, quedando estrictamente condicionado a los informes técnicos que la entidad emitirá en los próximos días.
Finalmente, las autoridades han reiterado que el despliegue de la fuerza pública y de las diversas instituciones del Estado en el terreno se mantendrá de manera indefinida. Este compromiso busca garantizar que todas las comunidades afectadas alcancen una recuperación completa y segura, asegurando que ninguna familia quede desatendida en este proceso de reconstrucción nacional.
