El conflicto por el financiamiento universitario suma un nuevo capítulo judicial. El juez federal Martín Cormick concedió la apelación del Estado Nacional contra el fallo que declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025. Esta norma condicionaba la puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Universitario a que el Congreso determinara las fuentes de recursos y las partidas presupuestarias correspondientes.
Sin embargo, hay un punto clave en la resolución: esta decisión no frena la ejecución de la medida cautelar vigente. Por lo tanto, se mantiene la orden judicial de recomponer los salarios docentes y las becas.
El Ministerio de Capital Humano, a través del subprocurador del Tesoro Santiago Castro Videla, advirtió que la sentencia original causa "agravios concretos y de significativa gravedad institucional". El Gobierno sostiene que el fallo se basa en una interpretación arbitraria del régimen presupuestario y que compromete el equilibrio de las cuentas públicas.
Para el Poder Ejecutivo, el decreto firmado por el presidente Milei no busca desconocer la ley insistida por el Congreso, sino aplicar las reglas de legalidad presupuestaria, que exigen la existencia de créditos disponibles para ejecutar nuevos gastos.
Por su parte, el magistrado Cormick había cuestionado previamente que el decreto funcionara, en los hechos, como una herramienta para detener la vigencia de una ley ratificada por el Legislativo tras un veto presidencial.
Este proceso judicial unificó dos expedientes: el amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la demanda individual de la Universidad de Buenos Aires, que alertó sobre una situación de asfixia financiera en sus facultades, centros de salud y colegios preuniversitarios.
El expediente ahora será analizado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
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