El traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla a la cárcel La Picota ha generado una fuerte controversia judicial. Las imágenes, difundidas por el mandatario en la red social X, muestran a los exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres esposados de pies y manos y con la cabeza rapada. El mandatario acompañó el video sentenciando que "se acabó la guachafita y se acabaron los beneficios".
Sin embargo, la defensa de López, liderada por el abogado José Luis Moreno, sostiene que este traslado pone en riesgo la vida de su representado. Moreno aclara que el reclamo no busca evitar que López cumpla su medida de aseguramiento, ni se trata de una discusión sobre privilegios, sino de una alerta urgente para proteger a su cliente.
El abogado explicó que López ha colaborado con la Fiscalía y sus declaraciones involucran a más de 20 personas, entre ellas altos funcionarios de la administración anterior. Según la defensa, la decisión judicial inicial determinó que López debía permanecer en un centro de reclusión militar debido a una valoración de riesgo, asegurando que dicho lugar no era un espacio de esparcimiento, sino una cárcel.
Para sustentar el peligro, el jurista recordó que en enero de 2025 fue asesinado en La Picota Luis Correa Galeano, un testigo clave en el proceso del fiscal Marcelo Pecci. Ante este antecedente y denuncias de corrupción en el Inpec, Moreno ha solicitado al juez 35 de garantías una audiencia preliminar para revisar la medida de aseguramiento.
El caso se originó por presuntas irregularidades en la compra de carrotanques para La Guajira, pero las investigaciones se han extendido a otros contratos y posibles implicaciones de congresistas y particulares. La defensa insiste en que el Estado debe garantizar la integridad de López mientras participa como testigo.
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