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Caso Mariana Rivero: Fiscalía pide pena máxima por femicidio en Uruguay

El acusado del femicidio vigilaba, intervenía las redes sociales y hostigaba a su víctima cuando ella intentaba terminar la relación. Su cuerpo fue encontrado desmembrado, 19 días después de su desaparición. El fiscal pidió la pena máxima para el sospechoso

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Caso Mariana Rivero: Fiscalía pide pena máxima por femicidio en Uruguay

Un "rompecabezas" humano. Así describió un policía el desgarrador hallazgo del cuerpo de Mariana Rivero, una joven de 24 años desaparecida en Uruguay. El femicidio ha conmocionado a la sociedad por la brutalidad con la que fue ejecutado y los 19 días que el cuerpo permaneció oculto.

La Fiscalía acusa a su pareja, Luciano Ledesma, de homicidio muy especialmente agravado por femicidio y vilipendio de cadáver. Lo que comenzó como una amistad derivó en una relación tóxica marcada por el control extremo. Ledesma la vigilaba, la extorsionaba y creaba perfiles falsos en redes sociales para hostigarla. Testimonios de amigos revelaron que Mariana fue obligada a cortar vínculos con otras personas y que el agresor la amenazaba con suicidarse si ella intentaba separarse. Incluso, Ledesma intervenía sus cuentas personales, obligándola a cambiar contraseñas constantemente.

El 20 de octubre de 2023 fue el último día que Mariana fue vista con vida. Mientras su padre recibía un mensaje desde el celular de ella diciendo que estaba comiendo con una amiga, los registros telefónicos revelaron que Mariana y Ledesma se encontraban en el mismo lugar. Evidencias cruciales, como cámaras de videovigilancia y el testimonio de un taxista, mostraron al acusado trasladando una mochila rosada y una valija.

Diecinueve días después de la desaparición, Ledesma indicó dónde estaba el cuerpo. La forense determinó que Mariana sufrió un golpe en el rostro y fue degollada, muriendo por asfixia. El desmembramiento, realizado con un serrucho, ocurrió posteriormente a su muerte.

Debido a la gravedad de los hechos, la fiscal Alicia Abreu solicita la pena máxima del Código Penal uruguayo: 30 años de prisión y 15 años de medidas de seguridad.

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