La provincia de San Juan amaneció este miércoles 7 de octubre enfrentando una situación crítica en materia de movilidad urbana. La Unión Tranviaria Automotor (UTA) ha decidido ejecutar una medida de retención de servicios, lo que provocó que las unidades de transporte público de pasajeros no salieran a circular durante la mañana de hoy, dejando a gran parte de la población sin su medio de transporte habitual.
La medida, implementada de manera drástica, ha generado una reacción inmediata por parte de las autoridades provinciales. Desde el Gobierno provincial y la Subecretaría de Trabajo han manifestado que esta acción sindical es considerada severa y que, por lo tanto, acarreará multas significativas. La preocupación oficial radica en el incumplimiento de la normativa laboral vigente, la cual establece la obligatoriedad de garantizar, como mínimo, el 75% del servicio para evitar el colapso total de la movilidad en la provincia.
Franco Marchese, titular de la Subecretaría de Trabajo, fue contundente al referirse a la legalidad de la medida adoptada por el sindicato. El funcionario señaló que es necesario analizar la calificación legal de lo sucedido, pero adelantó que, bajo su perspectiva, se trata de una acción que debería ser catalogada como ilegal. En consecuencia, Marchese confirmó que se evaluarán y aplicarán las sanciones correspondientes, las cuales tendrían un carácter monetario y estarían dirigidas directamente hacia el sindicato.
Mientras el Gobierno advierte sobre las consecuencias legales y económicas, la postura de la Unión Tranviaria Automotor se mantiene firme y sin margen de negociación inmediata. Desde la UTA han respondido a las inquietudes sobre el horario de retorno de las unidades con una respuesta tajante: los colectivos volverán a circular únicamente una vez que el aumento salarial reclamado haya sido depositado. Esta condición deja en el aire cualquier posibilidad de restablecimiento del servicio en el corto plazo, ya que, hasta el momento, nadie garantiza que las unidades vuelvan a las calles en el transcurso de la jornada.
En medio de este conflicto, el silencio de las empresas prestadoras del servicio es notable. Las compañías que se encuentran nucleadas en la Asociación de Transportistas de Automotores Pasajeros (ATAP) no han emitido declaraciones públicas ni han brindado precisiones sobre las gestiones que se estén llevando a cabo para destrabar el conflicto.
Los usuarios del sistema de transporte público se encuentran, una vez más, en una posición de vulnerabilidad, siendo descritos como "rehenes" de una disputa laboral y gremial. La falta de colectivos obligó a los ciudadanos, especialmente a los trabajadores de diversos rubros, a buscar alternativas desesperadas para llegar a sus puestos laborales. Durante la mañana, se registró un incremento en la demanda de remises, taxis y vehículos de transporte por aplicación. Quienes no pudieron acceder a estos servicios se vieron forzados a trasladarse caminando, utilizando bicicletas u otros medios de movilidad personal.
Es importante destacar que este escenario de parálisis en el transporte público de pasajeros no es un hecho aislado en la provincia, ya que se han producido situaciones similares en el pasado. Sin embargo, los analistas y observadores de la situación señalan que esta medida presenta un componente adicional que agrava el contexto: una dura interna sindical dentro de la propia UTA. Este conflicto interno ocurre en un marco de tensión política gremial, particularmente debido a que las elecciones sindicales fueron suspendidas, lo que añade una capa de complejidad a las negociaciones y a la ejecución de las medidas de fuerza.
En resumen, San Juan atraviesa una jornada de incertidumbre donde el conflicto entre la UTA y las autoridades, sumado a las tensiones internas del gremio, mantiene la ciudad sin el servicio esencial de transporte público, mientras el Gobierno provincial prepara las sanciones legales correspondientes.
