El municipio de Huité, en el departamento de Zacapa, se sumió en un clima de profundo dolor, indignación y una creciente incertidumbre este martes 29 de septiembre. En una jornada marcada por el luto, los vecinos de la localidad despidieron a siete de las ocho personas que perdieron la vida durante los hechos armados registrados el pasado domingo 27 de septiembre. El ambiente durante los sepelios no solo estuvo definido por la tristeza de las familias, sino también por un fuerte rechazo social y la exigencia de respuestas claras sobre la naturaleza de los ataques y la identidad de los responsables.
La Municipalidad de Huité, en un acto de reconocimiento y respeto, declaró el duelo municipal y difundió esquelas en memoria de las víctimas. Entre los fallecidos se encuentran Juan Carlos Pedroza Agustín, Cintia Gabriela Paz Paiz, Vilma Elizabeth Paz Paiz, Mario René Romero Díaz, Carlos Donato Paiz Mateo, Uve Lisbeth Paz Paiz y Denis Alonzo Herrera Gonzales. Los féretros fueron recibidos en la entrada del municipio antes de ser trasladados a sus respectivos lugares de descanso, mientras la población acompañaba el trayecto con expresiones de frustración ante la falta de una explicación concluyente.
Durante el traslado de los cuerpos, el sentimiento de vulnerabilidad y rabia se manifestó en gritos de los residentes. Una mujer exclamó: “No fueron animales los que mataron”, mientras que otro vecino añadió: “Nos atacaron como perros”. Los pobladores insistieron reiteradamente en que las personas asesinadas eran inocentes y que, al momento de los hechos, no portaban armas de fuego, lo que incrementa el cuestionamiento sobre el uso de la fuerza en el área.
Uno de los relatos más desgarradores proviene de la familia de Vilma Elizabeth Paz Paiz y sus hijas, Cintia Gabriela y Uve Lisbeth, todas víctimas del ataque. Un familiar detalló que las tres mujeres se dirigían a una gasolinera para abastecer combustible antes de iniciar su jornada laboral, la cual comenzaba en la madrugada. “Mi madre y mis hermanas iban a echar gasolina para salir a trabajar a las 4 de la mañana”, relató la mujer a los medios de comunicación. Según este testimonio, en el lugar se observaban personas que, según su percepción, vestían uniformes, señalando específicamente al Ejército y a la DEA, aunque estas afirmaciones no han sido corroboradas oficialmente. La familiar describió que los atacantes se desplazaban en vehículos con los vidrios abajo y que abrieron fuego contra las mujeres sin mediar palabra.
Paralelamente a los funerales, el alcalde de Huité, Leonel Paz, junto al Concejo Municipal, emitieron un pronunciamiento que contradice las versiones iniciales brindadas por las autoridades gubernamentales. La municipalidad rechazó categóricamente la hipótesis de que los hechos fueran el resultado de un enfrentamiento entre grupos armados. En su lugar, afirmaron que lo ocurrido fue “una intervención de un comando que ingresó” al municipio y utilizó una fuerza calificada como desmedida. Ante esto, el Concejo Municipal solicitó una investigación que sea inmediata, rigurosa, transparente e imparcial para determinar las responsabilidades penales y administrativas. Asimismo, recordaron que la función constitucional de la Policía y las Fuerzas Armadas es proteger a la ciudadanía y no arrebatar la vida de los guatemaltecos.
La versión oficial de los hechos ha experimentado cambios significativos a medida que han surgido evidencias audiovisuales. El 29 de septiembre, el Ministerio de la Defensa confirmó que los vehículos J8 y los camiones con soldados que aparecen en videos difundidos en redes sociales pertenecen efectivamente al Ejército, específicamente a unidades de la Segunda Brigada de Infantería. No obstante, Defensa sostuvo que este despliegue ocurrió entre las 20 y 21 horas del domingo, posterior a los primeros incidentes violentos que, según su cronología, sucedieron entre las 17 y 18 horas. La institución aseguró que los militares no ingresaron a Huité, sino que se mantuvieron en el perímetro y los accesos, alegando que decidieron no entrar para evitar escalar una situación de enfrentamiento activo entre grupos armados.
Sin embargo, este 30 de septiembre, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, confirmó que sí existió presencia y participación de elementos del Ejército en el contexto de los hechos. El mandatario anunció la creación de una comisión multidisciplinaria, encabezada por el Ministerio de la Defensa, para investigar el alcance, la modalidad y la forma en que se operó durante la jornada. El informe final de esta comisión deberá ser remitido al Ministerio Público para las acciones legales correspondientes. Por su parte, el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, informó que ya se han iniciado los procedimientos administrativos internos para establecer las circunstancias exactas de lo ocurrido y determinar las responsabilidades individuales.
