El escenario político en la Cámara de Diputados se ha tensado tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, el cual restableció la derogación de la Ley de Tierras incluida en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 impulsado por el presidente Javier Milei. Esta decisión judicial ha servido como catalizador para que los bloques opositores comiencen a organizar una estrategia coordinada con el objetivo de voltear el decreto en su totalidad, una medida que ya cuenta con el rechazo previo del Senado.
La ofensiva parlamentaria está liderada por la Unión por la Patria. Germán Martínez, jefe de bloque de dicho espacio, ha sido tajante al señalar que los objetivos son claros: movilizar al pueblo en las calles y lograr el rechazo pleno del DNU 70. En este contexto, la bancada mantuvo una reunión con el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, organización que había interpuesto el amparo para frenar la derogación de la Ley de Tierras, pero que recibió un fallo adverso por parte de la Corte Suprema.
La estrategia de la oposición apunta a solicitar una sesión especial lo antes posible. Si bien existe la voluntad de acelerar los tiempos, la agenda de los legisladores, quienes se encuentran en diversos viajes la próxima semana, sugiere que la fecha más probable para el tratamiento sea el 14 de octubre. Para lograr la derogación, la oposición requiere alcanzar una mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los legisladores presentes al momento de la votación.
Un punto crítico de esta disputa reside en la naturaleza jurídica de los DNU. Debido a que estos no pueden ser votados por capítulos o artículos aislados, sino que deben ser avalados o rechazados en su conjunto, un voto negativo contra la derogación de la Ley de Tierras implicaría la caída total del mega-DNU 70/23, el cual contiene más de 300 artículos.
Ante esta posibilidad, el oficialismo y sus aliados han advertido que una derogación total generaría un "caos procesal". Sostienen que numerosas normas quedarían en un limbo jurídico y que otras leyes, como la Ley de Alquileres, recuperarían automáticamente su vigencia, revirtiendo así las modificaciones implementadas por el Ejecutivo.
Para evitar este escenario y desactivar el avance opositor, La Libertad Avanza evalúa una maniobra legislativa: reintroducir algún tipo de restricción mínima a la compra de tierras dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, proyecto que aún no ha sido tratado en la Cámara de Diputados. Esta medida buscaría ofrecer un "salvoconducto" a la oposición o, al menos, proporcionar un argumento para evitar que sus aliados se sumen a la movida de rechazo. Cabe recordar que la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada pretendía eliminar los límites a la compra y venta de tierras para extranjeros, pero ese capítulo fue eliminado en el Senado por falta de votos.
En sintonía con el reclamo de soberanía, el diputado Miguel Ángel Pichetto propuso que el restablecimiento de la Ley de Tierras y la anulación del artículo 154 del DNU 70 se incluyan en el proyecto de Defensa de la Soberanía enviado por el Ejecutivo. Pichetto argumentó que no es coherente hablar de defender la soberanía nacional mientras se mantiene abierta la venta de tierras a cualquier extranjero sin límites establecidos.
El consenso opositor se ha ampliado, sumando voces del peronismo, legisladores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y la izquierda. El radical Martín Lousteau consideró que el fallo de la Corte muestra una "desconexión" con el sentir social y que representa una oportunidad para dar de baja el DNU. Por su parte, Elisa Carrió afirmó que el tratamiento en Diputados es urgente y advirtió que, de no ocurrir, la Cámara sería "cómplice del Poder Ejecutivo". Asimismo, el socialista Esteban Paulón ya presentó un proyecto de rechazo, subrayando que no puede ignorarse la decisión del Senado ni las movilizaciones populares.
En términos técnicos, el conflicto se centra en el artículo 154 del DNU 70, que deroga la ley que fijaba un tope máximo del 15% de tierras rurales extranjerizadas. Aunque el CECIM había logrado suspender este punto mediante una cautelar, la Corte Suprema rechazó el amparo, no por el fondo de la cuestión constitucional, sino porque consideró que el CECIM no tenía legitimación suficiente. Con el levantamiento de la cautelar, el artículo que deroga la Ley de Tierras vuelve a estar plenamente vigente.
