Dos fiscales federales han solicitado el procesamiento con prisión preventiva de Facundo Leal, extitular de la empresa estatal de soluciones satelitales ARSAT, en el marco de una investigación por presuntos hechos de corrupción. La acusación se fundamenta en la conclusión de que existió un “direccionamiento complejo y deliberado” con el objetivo de beneficiar a una firma privada en la contratación de un predio destinado al almacenamiento y preservación de materiales de alto costo y valor estratégico para el Estado Nacional.
De acuerdo con la hipótesis judicial presentada, el perjuicio económico para las arcas públicas habría ascendido a la suma de U$S 1.912.061,3 y $40.300.000. Estas cifras representan el total de los servicios contratados por ARSAT a la firma Argentina Logistic Services SA (ALS) bajo condiciones que la justicia presume irregulares.
El pedido fue impulsado por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez. Ambos funcionarios reclamaron que Leal sea procesado como supuesto coautor del delito de administración fraudulenta, además de ser autor de negociaciones incompatibles, cohecho pasivo e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El dictamen, al que se tuvo acceso, ahora se encuentra en manos del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien ya ha procedido a indagar a todos los involucrados en la contratación del predio ubicado en la localidad bonaerense de San Fernando.
La investigación tuvo su punto de partida tras la denuncia de un robo de materiales tecnológicos de alta complejidad pertenecientes a ARSAT en dicho depósito. A raíz de este hecho, los investigadores comenzaron a desentrañar una serie de irregularidades en los servicios de almacenamiento y logística. Según la reconstrucción de los hechos, entre diciembre de 2020 y diciembre de 2024, funcionarios de la empresa estatal y miembros de ALS articularon un “acuerdo venal” para asegurar que la firma privada fuera contratada a través de 12 procedimientos irregulares.
La fiscalía sostiene que el direccionamiento no fue un acto aislado, sino una maniobra sostenida mediante la transmisión de información interna y la creación de una competencia aparente, utilizando ofertas de empresas vinculadas o directamente apócrifas. Asimismo, se señala que durante la ejecución del servicio se toleraron deficiencias graves, lo que eventualmente culminó en el robo del material estratégico destinado a la Red Federal de Fibra Óptica.
En cuanto a las contraprestaciones, la acusación afirma que los fondos abonados por ARSAT fueron utilizados por ALS y sus directivos para retribuir a funcionarios y al intermediario Santiago Pando mediante entregas de efectivo, moneda extranjera, pasajes, colocaciones laborales y otros beneficios.
Facundo Leal, quien presidió ARSAT durante las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei, ya se encuentra detenido y bajo arresto domiciliario en una causa penal distinta que tramita en los tribunales federales de Retiro. En aquel proceso, se lo investiga por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Esta causa surgió a raíz de un allanamiento ordenado por el juzgado de San Isidro en su departamento de Palermo, donde se hallaron US$ 650.000 en efectivo, cocaína, ketamina y drogas sintéticas. Adicionalmente, se le secuestraron US$ 1,7 millones en una propiedad en Mendoza, motivo por el cual tiene abierta una causa paralela por supuesto enriquecimiento ilícito.
Por su parte, la defensa de Leal, a cargo del abogado Marcelo Rochetti, ha negado las acusaciones. En un escrito presentado durante la indagatoria, aseguraron que el imputado no participó en la licitación investigada ya que, en ese período, no detentaba cargos jerárquicos, sino que formaba parte de la planta permanente de la empresa. La defensa subrayó la inexistencia de pruebas directas, como correos electrónicos o mensajes, que vinculen a Leal con el direccionamiento de los contratos.
Finalmente, los fiscales solicitaron el procesamiento sin prisión preventiva para otros indagados, entre ellos Gerardo Boschin —exsubgerente de compras de ARSAT y brevemente presidente de Trenes Argentinos Operaciones—, Pablo Pagani, Juan Antonio Álvarez, Diego Padilla, Fernando Diego Paredes, Gastón Padilla, Sofía Varela Vizgarra, Santiago Pando, Juan Andrés Navarro y la persona jurídica Argentina Logistic Services SA.
