Diversas organizaciones sociales en Ecuador han formalizado una convocatoria para llevar a cabo una jornada de manifestaciones el próximo 8 de octubre. Esta movilización tiene como objetivo principal expresar el rechazo y presentar reclamos directos contra la gestión del Gobierno liderado por el presidente Daniel Noboa, centrándose en diversas áreas críticas que, según los convocantes, requieren acciones urgentes y efectivas por parte del Ejecutivo.
El anuncio fue realizado por José Villavicencio, quien desempeña la presidencia de la Unión General de Trabajadores de Ecuador (UGT) y del Frente Unitario de Trabajadores (FUT). En declaraciones brindadas este sábado a la agencia EFE, Villavicencio precisó que la planificación de estas protestas contempla un despliegue a nivel nacional, buscando que la inconformidad se manifieste en distintas regiones del país. El dirigente señaló que el motivo central de las movilizaciones es la persistencia de diversos problemas sociales y económicos que, a su juicio, el Gobierno de Daniel Noboa no ha logrado resolver satisfactoriamente.
Dentro de los ejes temáticos que motivan la salida a las calles, Villavicencio detalló que los manifestantes exigirán soluciones concretas en ámbitos fundamentales para la ciudadanía. Entre los puntos prioritarios se encuentran la educación, la salud, el empleo y la seguridad, sectores que las organizaciones sociales consideran descuidados o insuficientemente atendidos por la actual administración. Además de estas demandas sectoriales, el líder sindical adelantó que las jornadas de protesta incluirán una defensa explícita de los derechos humanos, integrando así una agenda de reclamos tanto socioeconómicos como civiles.
Un punto de fricción particularmente relevante en esta convocatoria es la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Las organizaciones sociales han manifestado su intención de salir a las calles para defender lo que denominan como el «patrimonio de los ecuatorianos», refiriéndose a los activos que pertenecen a la entidad de seguridad social. Esta postura surge como respuesta a las recientes declaraciones y decisiones del presidente de la República respecto a la gestión financiera de dicha institución.
El conflicto sobre el patrimonio del IESS se intensificó el pasado 28 de agosto, fecha en la que el presidente Daniel Noboa realizó un análisis sobre la composición de los activos de la seguridad social. El mandatario cuantificó en aproximadamente 2.000 millones de dólares lo que calificó como «activos ociosos», refiriéndose específicamente a bienes raíces que forman parte del patrimonio de la institución. Según la visión del Gobierno, estos activos no están generando el rendimiento necesario ni cumpliendo una función social productiva en su estado actual.
El presidente Noboa argumentó que la venta de estos bienes inmuebles podría representar una fuente de ingresos fundamental para optimizar el funcionamiento del IESS. En su intervención, el gobernante cuestionó la lógica de mantener una cartera tan amplia de edificios, terrenos y macro lotes, mientras la institución enfrenta dificultades urgentes para atender las necesidades básicas de sus afiliados y jubilados. Para el Ejecutivo, la prioridad debe ser la mejora de los servicios de salud y la garantía del pago puntual y justo de las pensiones, objetivos que, según Noboa, podrían facilitarse mediante la liquidación de estos activos inmobiliarios.
En línea con esta estrategia, el presidente reveló que ya ha emitido una orden directa al delegado del Ejecutivo ante el IESS para proceder con la venta de «todos los activos» que se encuentren en esta condición de ociosidad. Sin embargo, Noboa denunció que este proceso de venta ha encontrado resistencia interna. El mandatario afirmó la existencia de una «mafia» dentro de la institución, asegurando que este grupo se opone a la venta de cualquier propiedad, ya sea un edificio, una oficina o un terreno, obstaculizando así la posible capitalización de estos recursos en beneficio de los usuarios del sistema de seguridad social.
De esta manera, la jornada del 8 de octubre se perfila como un escenario de confrontación entre la visión del Gobierno, que busca la venta de activos inmobiliarios para solventar crisis operativas en la salud y las pensiones, y las organizaciones sociales que ven en dicha medida una amenaza al patrimonio colectivo de los trabajadores ecuatorianos.
