En los últimos diez años, el Perú ha sido testigo de la implementación de un modelo político caracterizado por el uso del poder para someter tanto a las instituciones del Estado como a los adversarios políticos. Este esquema fue inaugurado por el fujimorismo durante el periodo 2016-2020, etapa en la que contaron con una mayoría de más de 70 congresistas. Con este respaldo numérico, la organización decidió abdicar de sus funciones fundamentales de representación, fiscalización y legislación con una visión de Estado.
Las consecuencias de este accionar se reflejaron en la destrucción de la reforma educativa y el desmantelamiento de la reforma universitaria. Asimismo, se revirtió la reforma electoral que había sido aprobada previamente en un referéndum y se impuso el bicameralismo, yendo en contra de la voluntad popular expresada en 2018. En este mismo marco, se aprobó la iniciativa de gasto parlamentario y se extendieron beneficios tributarios para los agroexportadores, a pesar de que la evidencia técnica desaconsejaba tales medidas.
En la actualidad, Renovación Popular se presenta como una de las consecuencias más recientes de este modelo, siguiendo la línea que ya había trazado Perú Libre en la legislatura anterior. Esta organización ha mantenido negociaciones previas con el fujimorismo, lo cual se evidencia en la conformación y posterior abdicación a la tutela de funciones y derechos en organismos clave. Entre las instituciones afectadas se encuentran el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), diversas comisiones estratégicas del Senado y la Fiscalía. Estos espacios de poder se han distribuido entre socios bajo una lógica de favores pendientes.
Este escenario es descrito como un ajuste de cuentas natural entre actores que comparten un negocio común: convertir lo público en una renta privada. La disputa actual radica en que una parte reclama a la otra el incumplimiento de los acuerdos establecidos. Resulta preocupante que el fujimorismo muestre disposición para seguir negociando su parcela del sector público, mientras la ciudadanía, excluida de estas mesas de decisión, es quien termina asumiendo los costos de estas gestiones.
Un ejemplo tangible de esta situación es la candidatura de Rafael López Aliaga a la alcaldía de Lima. Su postulación ha sido calificada como frívola y errática, sosteniéndose únicamente en un abuso flagrante de las reglas electorales. Esto ha sido posible gracias a la complicidad de un Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que optó por resolver la situación sin respetar la Constitución ni su propia jurisprudencia. Durante el debate municipal, candidatos de diversas tendencias políticas —izquierda, derecha y centro— coincidieron en cuestionar la gestión del candidato en reelección encubierta.
Este panorama demuestra que las organizaciones políticas actuales carecen de la capacidad para gobernar un país con profundas demandas pendientes, priorizando la supervivencia de su propio ecosistema prebendario. En este contexto, surge la interrogante sobre por qué el gobierno prefiere ajustar cuentas con sus socios antes que utilizar las herramientas administrativas y legales que ya posee para ejercer el mando. El reto de la democracia consiste en liderar negociaciones transparentes con reglas claras para gestionar las decisiones de las mayorías, en lugar de permitir el reparto de cargos entre quienes intentan imponerse por la fuerza.
A la par de estas tensiones, se han reportado otros hechos críticos. El titular de Justicia relativizó ante el Congreso la violencia sexual ocurrida en Condorcanqui, atribuyéndola a un "origen cultural". Por otro lado, el gobierno de Keiko Fujimori ha creado una Secretaría Estratégica Presidencial, la cual replica el modelo de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental de la gestión de Boluarte. Finalmente, la seguridad institucional se ha visto comprometida con la decisión de ubicar al sujeto conocido como alias "Jhonsson Pulpo" en el mismo recinto donde se custodia a Vladimiro Montesinos, hecho que evidencia la grave penetración del crimen organizado dentro de la policía y el sistema penitenciario.
