El expresidente Evo Morales, en conjunto con los dirigentes de su organización política denominada "Evo Pueblo", han establecido un plazo perentorio al Gobierno liderado por Rodrigo Paz. Durante un ampliado nacional llevado a cabo en la localidad de Lauca Ñ, se determinó que la administración gubernamental tiene hasta el próximo 3 de octubre para proceder con la abrogación de una serie de decretos supremos que son cuestionados por sus efectos económicos y por el impacto que generan sobre las empresas públicas del Estado.
Esta resolución, que fue aprobada por consenso en el encuentro, deja claro el camino a seguir en caso de que las demandas no sean atendidas en el tiempo estipulado. El documento oficial establece que, si el Gobierno de Rodrigo Paz no cumple con la abrogación de las normas señaladas para el 3 de octubre, se procederá a convocar a una movilización general a partir del 13 de octubre. Esta medida de presión surge como respuesta a lo que los dirigentes consideran una política económica perjudicial para el país.
Dentro de las exigencias principales planteadas por la organización Evo Pueblo, destaca la abrogación inmediata del Decreto Supremo 5716. Esta normativa es duramente criticada debido a que está relacionada con la eliminación de la subvención a los combustibles, una medida que, según el sector evista, tiene repercusiones económicas negativas para la población y la economía nacional. Asimismo, los dirigentes demandan la anulación del Decreto Supremo 5727, el cual se refiere a la reorganización, disolución o liquidación de diversas empresas públicas, acción que es vista como un riesgo para el patrimonio del Estado.
Previo a la lectura formal de las resoluciones aprobadas en el ampliado, el expresidente Evo Morales fue enfático al calificar este encuentro y las decisiones tomadas como un "ultimátum" directo al Gobierno de Rodrigo Paz. Morales sostuvo que es imperativo que todas las organizaciones sociales y políticas vinculadas a su sector comiencen a prepararse para implementar eventuales medidas de presión, anticipando que la situación podría escalar si no hay una respuesta favorable por parte del Ejecutivo.
En su intervención ante los delegados, Morales expresó una advertencia severa respecto a la naturaleza de los decretos cuestionados. El líder de Evo Pueblo afirmó que, si no se abrogan las normas que, a su criterio, promueven privatizaciones y la entrega de recursos naturales a empresas transnacionales, así como aquellos decretos que considera inconstitucionales, la vía de resolución cambiará. Al respecto, Morales declaró: “si no es de buenas va a ser a malas”, haciendo referencia a que la movilización social será el recurso final ante la falta de voluntad política del Gobierno.
El documento final aprobado en Lauca Ñ reafirma la hoja de ruta trazada durante el ampliado. Se fija el 3 de octubre como la fecha límite e improrrogable para que el Gobierno atienda las demandas planteadas sobre los decretos 5716 y 5727. De no concretarse estas acciones, el documento formaliza el inicio de una “gran movilización” que comenzará el 13 de octubre, buscando presionar a la administración de Paz mediante la movilización de sus bases.
El ampliado nacional de Evo Pueblo no fue un evento aislado, sino que contó con la participación activa de dirigentes y delegaciones provenientes de distintos departamentos del país. El objetivo central del encuentro fue analizar y definir una postura común frente a las medidas económicas adoptadas por la administración de Rodrigo Paz, las cuales son percibidas como contrarias a los intereses de los sectores sociales representados por la organización.
Esta decisión de convocar a movilizaciones se suma a una serie de pronunciamientos previos emitidos por diversos sectores vinculados al evismo. Estas organizaciones ya habían manifestado su rechazo y anunciado acciones de protesta contra la eliminación de la subvención a los combustibles y otras políticas ejecutadas por el Ejecutivo, consolidando así un frente de oposición a las actuales medidas económicas del Gobierno.
