El presidente Abelardo De La Espriella ha implementado una estrategia de mano dura contra las organizaciones criminales en Colombia, ejecutando una serie de operativos en puntos críticos del país con el respaldo de agencias de seguridad de Estados Unidos, Francia, España y el Reino Unido. En menos de una semana, el mandatario ha liderado acciones contra la mafia que incluyen capturas, allanamientos y la neutralización de cabecillas armados.
Uno de los golpes más significativos ocurrió en la zona rural de Santa Marta, dirigido contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. En una operación quirúrgica, 32 comandos jungla se enfrentaron a aproximadamente 160 hombres armados. El resultado fue la baja de alias Cholo, el segundo cabecilla de dicha organización, la cual, según las autoridades, creció un 70 por ciento durante la administración de Gustavo Petro.
Para lograr este objetivo, se utilizaron drones suministrados por Estados Unidos y datos de un informante que recibirá una recompensa de 2.000 millones de pesos. La inteligencia permitió ubicar una cumbre de narcotraficantes el lunes 21 de septiembre. A pesar de que los cabecillas, como alias Pinocho, intentaron ocultarse utilizando trajes indígenas y refugiándose en resguardos para frenar la acción del Estado, las fuerzas especiales lograron infiltrar el círculo de protección. Alias Cholo murió en el enfrentamiento junto a otras seis personas identificadas como integrantes del grupo ilegal.
Como represalia, las Autodefensas intentaron ejecutar un paro armado en la región Caribe, mediante la quema de vehículos y amenazas al comercio, especialmente en Santa Marta. El impacto económico fue considerable; la Cámara de Comercio estimó pérdidas diarias superiores a los 39.590 millones de pesos, afectando sectores de comercio, transporte y hotelería. En respuesta, el presidente De La Espriella se desplazó personalmente al barrio Cristo Rey con arma al cinto y chaleco antibalas, mientras el despliegue de seguridad se incrementaba a 2.000 efectivos coordinados entre el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía.
Simultáneamente, el Gobierno ejecutó la "Operación Iron" en Cali, considerada una de las ciudades más peligrosas del país. El despliegue contó con más de 1.200 uniformados que intervinieron seis comunas, 15 barrios y 24 microterritorios. El operativo resultó en 83 órdenes de captura y 101 diligencias de registro y allanamiento en sectores como Guayaquil, Sucre y El Calvario. El presidente De La Espriella recorrió las zonas intervenidas durante la madrugada, asegurando que el objetivo es recuperar el centro de la ciudad y liberar a la ciudadanía de las ollas de droga.
En el departamento del Cauca, la ofensiva militar ha provocado la degradación de la estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco. En el último mes, más de 50 integrantes se han entregado, incluyendo a la cabecilla Karen Yiceth Chocué Velasco, alias Tatiana. Esta estructura, que anteriormente controlaba El Plateado en Argelia, ha visto mermadas sus capacidades de mando y logística debido a la presión operacional.
La estrategia de seguridad también se extendió al sistema penitenciario. El presidente ordenó el traslado de presos VIP y el reforzamiento de la vigilancia en los penales. Un caso destacado es el del exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, quien intentó evitar su traslado a una cárcel fingiendo un problema cardíaco, pero fue trasladado directamente desde el centro médico al penal por orden presidencial.
Finalmente, el Gobierno procedió con la extradición a Estados Unidos de alias Araña, máximo cabecilla de los Comandos de Frontera. El mandatario señaló que este individuo fue protegido durante el Gobierno de Gustavo Petro bajo una supuesta disposición de paz que nunca se materializó. De La Espriella afirmó que Colombia no volverá a ser refugio de narcotraficantes requeridos internacionalmente, advirtiendo a los criminales que sus caminos terminan en una cárcel en Estados Unidos o en una bolsa en Colombia.
