El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este viernes la prohibición inmediata de las apuestas deportivas y los casinos en línea en todo el territorio nacional. Esta medida, presentada por el Gobierno como una respuesta urgente ante el creciente impacto de las denominadas “bets” en el endeudamiento de las familias brasileñas, busca frenar una tendencia que el Ejecutivo considera perjudicial para la economía doméstica y la salud mental de la población.
El anuncio ocurre en un contexto político altamente sensible, a solo nueve días de las elecciones presidenciales programadas para el 4 de octubre. En estos comicios, Lula aspira a obtener un nuevo mandato y se enfrenta al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Según los sondeos más recientes, la competencia entre ambos candidatos se mantiene estrecha, lo que añade una capa de lectura política a la decisión gubernamental.
Durante un acto oficial celebrado en San Pablo, el ministro de Hacienda, Dario Durigan, fue contundente al detallar el alcance de la medida: “Desde hoy no se puede poner más dinero en los sitios de apuestas en el país”. La implementación de esta prohibición se llevará a cabo mediante un decreto provisional, el cual entrará en vigor plenamente una vez sea publicado en el Diario Oficial. No obstante, para que la medida mantenga su vigencia a largo plazo, deberá ser convalidada por el Congreso Nacional en un plazo máximo de 120 días. Paralelamente, el Gobierno informó que enviará un proyecto de ley al Parlamento con el objetivo de incorporar esta actividad al Código Penal y endurecer las sanciones contra el juego en línea.
Lula ha convertido el combate contra las apuestas en uno de los pilares fundamentales de su discurso en la recta final de la campaña electoral. El mandatario sostiene que la proliferación de las “bets” ha contribuido significativamente al sobreendeudamiento de los hogares, afectando de manera desproporcionada a los sectores de menores ingresos. Durante su intervención en San Pablo, el presidente aseguró que su Gobierno ya analizaba el problema desde hacía tiempo, pues detectaron que la situación superaba el endeudamiento habitual de las familias. En este sentido, vinculó el problema con la facilidad de acceso al crédito, señalando que existen personas que llegan a poseer hasta seis tarjetas bancarias.
Con un tono emocional y crítico, Lula describió la ubicuidad del juego digital: “El casino está en la cocina, en la sala, con niños, con jubilados. Es necesario tener un control”. El presidente relató un caso personal que escuchó sobre una mujer que intentó suicidarse y cuyo hijo se había ahorcado debido a las crisis generadas por las deudas de juego. “No es una broma, es algo serio que está afectando la salud mental de las personas pobres que juegan para ver si consiguen comprar el pan al día siguiente”, afirmó el mandatario, comparando la situación con un cáncer y sosteniendo que, si no se extirpa el tumor, este terminará por matar al organismo social.
El respaldo a esta medida se apoya en datos alarmantes citados por el Ejecutivo. Durante el año 2025, aproximadamente 25 millones de brasileños realizaron apuestas por un monto total de 220.600 millones de reales, cifra que equivale a unos 42.500 millones de dólares. Asimismo, un estudio realizado por la Universidad de San Pablo, divulgado este mes, estimó que el auge de las apuestas redujo el consumo general y restó a la actividad económica brasileña entre 120.000 y 141.000 millones de reales durante el mismo año.
La medida representa un giro drástico, considerando que el mercado de apuestas había crecido aceleradamente tras su legalización en 2018. Incluso durante el actual mandato de Lula, en 2023, se implementó una regulación que permitió a decenas de empresas operar legalmente en el país y comenzar a pagar impuestos al Estado.
Esta prohibición ha generado inquietud inmediata en el sector deportivo, especialmente en el fútbol brasileño. Numerosos clubes de la primera división dependen financieramente de las casas de apuestas, que actúan como patrocinadores principales. Entidades de renombre como Flamengo y Palmeiras han cuestionado públicamente el impacto económico que esta decisión tendrá sobre sus finanzas. Además, el sector advirtió que cerrar las plataformas autorizadas podría impulsar el crecimiento de sitios ilegales que operan fuera de cualquier sistema de fiscalización estatal.
Desde la oposición, la reacción fue inmediata. Flávio Bolsonaro calificó la medida como una “estafa electoral” y cuestionó la coherencia del Gobierno, recordando que fue la propia administración de Lula quien reguló el sector previamente. El senador enfatizó que la prohibición es temporal y depende de la aprobación del Congreso, sugiriendo que la decisión fue tomada únicamente por conveniencia electoral.
Finalmente, la medida conlleva implicaciones fiscales considerables. El Estado brasileño perderá los miles de millones de reales que recaudaba en impuestos a través de las plataformas reguladas. De igual modo, los medios de comunicación y diversas empresas vinculadas al deporte enfrentarán una caída en sus ingresos publicitarios.
