La Administración Trump ha establecido un calendario detallado para llevar a cabo una transición política en Venezuela. El objetivo central de este plan es renovar las instituciones principales del régimen, celebrar elecciones presidenciales y concluir todo el proceso antes de que finalice el mandato del presidente estadounidense en enero de 2029.
Según explicó un alto funcionario del Departamento de Estado, quien solicitó el anonimato, la estrategia de Washington se divide en etapas secuenciales y estrictas. El primer paso consiste en lograr la renovación total del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para mediados de diciembre. Posteriormente, se procederá a la sustitución del Consejo Nacional Electoral (CNE) y, finalmente, se declarará la ausencia definitiva de Nicolás Maduro en la presidencia, cargo que actualmente ocupa de manera interina Delcy Rodríguez. Este último paso activaría el procedimiento legal para convocar nuevos comicios, aunque Estados Unidos aún no ha fijado una fecha exacta para la votación.
La revelación de este plan surge tras la cuarta ronda de negociaciones entre representantes del chavismo y la oposición venezolana, donde se han logrado acuerdos sobre la renovación judicial. Para Washington, estos avances constituyen la oportunidad más relevante de los últimos años para instaurar una democracia estable en el país suramericano. La premisa fundamental de la estrategia es que no pueden existir elecciones libres mientras los tribunales y los organismos electorales permanezcan bajo el control de las estructuras que han sostenido a Maduro en el poder.
En el caso del Tribunal Supremo de Justicia, el plan prevé la creación de un comité de selección judicial integrado por profesores de Derecho y juristas de prestigio, evitando la inclusión de operadores políticos. Este comité presentará una lista consensuada de 32 magistrados que deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional, proceso en el cual Jorge Rodríguez actuará como el principal interlocutor del PSUV. Washington enfatiza la urgencia de este paso debido a que el TSJ posee competencias excesivas que pueden condicionar cualquier decisión relevante del Estado.
Respecto al Consejo Nacional Electoral, la Administración Trump busca una transformación profunda. A diferencia del Supremo, los nuevos nombramientos del CNE no requerirán la ratificación de la Asamblea Nacional para acelerar el proceso. El objetivo es convertir al CNE en una plataforma estrictamente técnica, despojándolo de cualquier capacidad de intervención política. El organismo dejará de tener la potestad de impedir candidaturas, negar el registro de partidos o decidir quién puede participar, limitando sus funciones a la organización de centros, instalación de máquinas, conteo de sufragios y anuncio de resultados.
Una vez renovadas estas instituciones, el plan contempla que las autoridades venezolanas reconozcan formalmente la vacante permanente en la presidencia, dado que Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero y permanece encarcelado en Nueva York. Delcy Rodríguez sería la encargada de declarar dicha vacante, lo que abriría un periodo de seis meses para celebrar elecciones. No obstante, el funcionario estadounidense reconoció que existe una discrepancia jurídica, ya que el artículo 233 de la Constitución venezolana estipula un plazo de treinta días para convocar elecciones en caso de falta absoluta durante los primeros cuatro años del mandato.
Washington justifica este orden de acciones argumentando que celebrar elecciones sin reformas previas sería repetir los errores de la gestión de Joe Biden, quien realizó concesiones como el levantamiento parcial de sanciones y la liberación de prisioneros sin asegurar la transformación de los organismos electorales. El objetivo es garantizar que el partido derrotado acepte el resultado sin intentar utilizar las instituciones para retener el poder.
Además de las reformas institucionales, Estados Unidos exige una apertura política real que incluya libertad de prensa, acceso a la televisión nacional y el uso libre de redes sociales como Instagram y X. Asimismo, el plan incluye un componente económico; Washington advierte que no se puede permitir que un gobierno democráticamente elegido herede un "apocalipsis económico". Por ello, se plantea que las inversiones petroleras y la reorganización de las finanzas públicas avancen antes del relevo presidencial.
Finalmente, la estrategia busca evitar una confrontación violenta con los aparatos militares y policiales. Citando las transiciones de España, Portugal y Paraguay, Washington sostiene que es indispensable la cooperación de quienes controlan la seguridad para evitar una guerra civil. Para asegurar el cumplimiento de estos plazos, Estados Unidos utilizará su capacidad de presión a través de las sanciones y las licencias del Departamento del Tesoro, asegurando que el chavismo pueda persistir como fuerza política, pero solo dentro de un sistema democrático donde sea capaz de perder elecciones y ejercer la oposición.
