El director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, ha informado sobre avances significativos en la gestión del retorno de ciudadanos venezolanos que se encuentran en situación irregular en territorio chileno. El funcionario confirmó la recepción de un salvoconducto diseñado específicamente para aquellos migrantes que carecen de documentación oficial, un instrumento administrativo que busca agilizar y facilitar la salida masiva de personas que no cuentan con pasaportes o identificaciones vigentes.
En declaraciones otorgadas al programa Primera Pauta, Sauerbaum señaló que el país se encuentra "muy cerca" de alcanzar un acuerdo definitivo sobre el retorno de los migrantes en calidad irregular. Según explicó el director, la obtención de este documento autentificado por las autoridades venezolanas representa un paso crucial, ya que permite gestionar la salida de personas que, debido a su falta de papeles, se encontraban en un limbo administrativo que dificultaba cualquier proceso de expulsión o retorno.
A pesar de este avance técnico con la entrega de los salvoconductos, el director nacional aclaró que todavía existe un obstáculo fundamental: la ausencia de un acuerdo político formal. Sauerbaum precisó que, si bien se cuenta con el documento para identificar a las personas, aún no es posible concretar el retorno a través de vuelos de expulsión, ya que Venezuela debe aceptar formalmente recibir dichas aeronaves y a los pasajeros que estas transporten.
Sobre la naturaleza de las comunicaciones entre ambos Estados, el director de Migraciones reveló que existen diálogos informales de manera permanente. "Nos están llamando hace unos días, por ejemplo", mencionó, subrayando que esta fluidez en la comunicación ha permitido que finalmente llegara el documento que faculta la salida masiva de venezolanos mediante el salvoconducto mencionado.
Sauerbaum también hizo referencia a la dinámica diplomática reciente, señalando que antes de la ocurrencia de un terremoto, las conversaciones eran sumamente fluidas. Aunque este evento natural provocó una interrupción temporal en las gestiones, el proceso se ha ido retomando progresivamente. En este contexto, el funcionario destacó el encuentro sostenido entre el presidente José Antonio Kast y la presidenta subrogante de Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestando que espera reunirse próximamente con el mandatario para conocer los detalles derivados de dicha reunión.
Además de los procesos de expulsión, el director mencionó una solicitud específica por parte del gobierno de Venezuela. Según Sauerbaum, el país caribeño ha pedido a Chile que se consideren la implementación de vuelos destinados a personas voluntarias y con fines humanitarios, orientados a aquellos ciudadanos que, por voluntad propia, desean regresar a su patria de manera legítima.
En otro orden de ideas, Frank Sauerbaum se refirió a la controversia legislativa respecto a la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo, la cual busca ampliar el plazo de detención de los migrantes irregulares. Ante el rechazo manifestado por diversos diputados y diputadas, el director defendió la propuesta de extender este periodo de cinco a 30 días, calificando el plazo actual de cinco días como "absolutamente insuficiente".
Para sustentar su postura, Sauerbaum detalló que la solicitud de 30 días es una medida prudente, en comparación con lo planteado originalmente por los ministerios de Justicia y Seguridad Pública. El funcionario enfatizó que este proyecto no pertenece al área de Interior, sino que es una iniciativa del sector de seguridad pública basada en una "necesidad imperiosa".
El director explicó exhaustivamente los procesos administrativos y legales que deben cumplirse durante la detención de un migrante irregular. Según detalló, en el plazo actual de cinco días, el servicio debe gestionar la detención, retener a la persona, enfrentar los posibles recursos de amparo presentados ante la justicia y evacuar todos los informes requeridos por los tribunales.
A esto se suman las complejidades logísticas, como la compra de pasajes aéreos tanto para el migrante como para los funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que deben realizar el acompañamiento. Sauerbaum subrayó que, dado que la gran mayoría de estas personas no poseen documentos, el Estado debe tramitarlos directamente con las embajadas y consulados respectivos. Finalmente, añadió que es necesario establecer el contacto con el país receptor para obtener el permiso de aterrizaje del avión, procesos que, en conjunto, hacen que el límite de cinco días sea inviable para ejecutar las expulsiones de manera efectiva.
