El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se prepara para implementar nuevas restricciones al mercado de las apuestas online en Brasil, una medida que ha generado una reacción inmediata y contundente por parte de las operadoras del sector. Las empresas, que han invertido millonariamente bajo el marco regulatorio actual, amenazan con recurrir a la Justicia para recuperar los 30 millones de reales pagados por cada licencia, además de exigir el resarcimiento de todas las inversiones realizadas en infraestructura y personal.
Según reportes de Folha de S.Paulo, el sector estima que los pedidos de indemnización podrían alcanzar la cifra de 120 mil millones de reales en caso de que se produzca una prohibición total o parcial de las actividades de apuestas. Esta cifra, proporcionada por Bernardo Cavalcanti Freire, consultor jurídico de la Asociación Nacional de Juegos y Loterias (ANJL) y socio del bufete Betlaw, se basa en una estimación preliminar del faturamento proyectado para el mercado regulado. Freire subrayó que la magnitud de este impacto financiero evidencia la necesidad de que el gobierno realice una evaluación rigurosa antes de adoptar cualquier restricción.
El presidente Lula tiene previsto anunciar este viernes, en São Paulo, una medida provisoria (MP) para restringir el funcionamiento de las "bets". Las alternativas que el Ejecutivo ha discutido incluyen desde la interrupción total del mercado de apuestas online hasta el veto específico a los casinos virtuales, categoría que engloba juegos de resultado instantáneo como el "Tigrinho" y el "Aviator". El anuncio se llevará a cabo antes de una reunión entre el mandatario, su equipo económico y diversos empresarios en la oficina del Ministerio de Hacienda en la Avenida Paulista.
Desde el Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR), Carlos Lima, presidente de la entidad que agrupa a algunas de las principales plataformas del país, advirtió que las compañías no dudarán en acudir al Poder Judicial si se interrumpen las operaciones autorizadas. Lima destacó que las empresas han cumplido con los procesos de licenciamiento, han pagado las tasas correspondientes y han destinado recursos significativos a la contratación de empleados, publicidad y desarrollo tecnológico para ajustarse a las reglas gubernamentales. Para el representante, una prohibición representaría una señal grave de inseguridad jurídica para los inversores que confiaron en las normas establecidas por Brasil.
El impacto de una eventual prohibición no se limitaría a las operadoras. Lima señaló que el ecosistema completo vinculado a las apuestas se vería afectado, mencionando explícitamente a los clubes de fútbol brasileños, que dependen en gran medida de los patrocinios de este sector. Dirigentes deportivos ya han comenzado a contactar al gobierno para discutir cómo las nuevas restricciones impactarían sus contratos y sus ingresos.
Por otro lado, la preocupación dentro del gobierno también es económica. Integrantes del área económica han manifestado inquietud ante la posible pérdida de ingresos tributarios. De acuerdo con datos del sector, la Unión recauda aproximadamente 12 mil millones de reales anuales en impuestos vinculados a esta actividad. Además, el presupuesto de 2027 prevé ingresos de cerca de 7 mil millones de reales provenientes de nuevas concesiones, recursos que están destinados a áreas críticas como la seguridad pública y el deporte.
Es importante recordar que el propio gobierno de Lula fue el impulsor de la regulación actual. En 2023, el Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto que sirvió de base para la Ley 14.790, sancionada el 29 de diciembre de ese mismo año. La ley estableció los requisitos para las empresas, fijó la contraprestación de la outorga en hasta 30 millones de reales por la explotación de hasta tres marcas y creó la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda para la fiscalización. Hasta agosto de este año, el Ministerio registraba 85 empresas habilitadas para operar.
Las entidades del sector, incluyendo al IBJR y otras ocho asociaciones, argumentan que una interrupción inmediata de las operaciones impulsaría el mercado ilegal. Sostienen que los apostadores migrarían a plataformas sin autorización federal, donde no existe control de CPF, no hay bloqueo para beneficiarios de programas sociales, no se protege a los jugadores problemáticos y los menores de edad quedarían completamente expuestos.
Finalmente, el mecanismo legal de la medida provisoria implica que, una vez publicada, producirá efectos jurídicos inmediatos. La Constitución brasileña otorga un plazo inicial de 60 días, prorrogables por otros 60, para que la Cámara de Diputados y el Senado analicen y voten la propuesta. Si el Congreso rechaza la MP o el plazo expira sin su conversión en ley, la medida perderá su eficacia.
