La reciente determinación del Consejo de Gobierno, mediante la cual se establece que el Poder Ejecutivo sea el ente encargado de nombrar a los miembros de la junta directiva del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, ha generado una serie de interrogantes y preocupaciones en diversos sectores. Esta medida, que se hace efectiva tras la emisión de un decreto que modifica la Ley Orgánica de la institución, permite que el Gobierno de la República designe a los siete integrantes que conforman la máxima autoridad administrativa del banco.
Ante este escenario, se han consultado las perspectivas de economistas especializados para analizar las posibles implicaciones y los riesgos que podrían derivarse de este cambio en el proceso de nombramiento. El análisis se centra principalmente en la estructura de mando y la sostenibilidad técnica de la entidad bancaria.
El economista Leiner Vargas ha señalado que los riesgos principales se manifiestan en la estructura de gobernanza de la institución. Según Vargas, el Banco Popular cuenta con un sistema diseñado bajo la premisa de pesos y contrapesos, el cual es fundamental para garantizar el equilibrio en la toma de decisiones. Este sistema se basa en la representación de diversos sectores de la población trabajadora costarricense, integrando a figuras que representan a los solidaristas, los cooperativistas, los sindicalistas y otros segmentos vinculados a la economía social.
Vargas advierte que, al alterar este mecanismo de representación, se pone en peligro la estabilidad de dicha gobernanza. El experto sostiene que si el Gobierno de la República impone su directriz y procede a seleccionar a las personas "a dedo", se producen impactos severos en la estructura organizativa. Esta situación, según el economista, podría crear las condiciones necesarias para que los recursos del banco sean utilizados de forma impropia, lo que representaría un riesgo directo no solo para la entidad, sino también para el capital de los trabajadores, el cual constituye el sustento fundamental del banco.
Asimismo, Vargas enfatiza que este panorama genera riesgos sistemáticos dentro de la gobernanza. El peligro radica en que sectores ajenos a la base trabajadora podrían aprovechar estas debilidades estructurales para tomar decisiones que tengan consecuencias mayores y potencialmente negativas para la institución.
Por otro lado, el economista Fernando Rodríguez ofrece una perspectiva complementaria, indicando que los nombramientos, por el simple hecho de ser realizados por el Ejecutivo, no son riesgosos de manera intrínseca. No obstante, Rodríguez subraya que el punto crítico reside en los criterios que se utilicen para la selección de los perfiles que ocuparán estos cargos de alta responsabilidad.
Rodríguez recuerda que, históricamente, las juntas directivas de los bancos han albergado perfiles muy diversos. Según el economista, ha existido desde personal altamente cualificado hasta nombramientos eminentemente políticos, compuestos por personas que carecían de conocimientos básicos sobre el sector bancario. A pesar de ello, señala que los bancos han sobrevivido, aunque reconoce que en ciertos periodos no han contado con la mejor administración, mientras que en otros han mantenido un perfil más técnico en sus directivas.
Para mitigar los riesgos, Rodríguez propone que se establezcan requisitos básicos y obligatorios para cualquier persona que aspire a estos puestos, sugiriendo que existe un vacío legal que debería ser solventado mediante legislación específica. El economista plantea que, aunque el gobierno tenga la facultad de nombrar a los miembros que considere convenientes, estos deberían cumplir con competencias técnicas comprobables.
Entre los requisitos sugeridos por Rodríguez se encuentra la necesidad de que los nombramientos recaigan en personas con conocimientos profundos en temas financieros y experiencia previa en el sector. Considera deseable que los candidatos estén familiarizados con el negocio bancario y que, además, se implementen medidas para evitar que, una vez finalizado su periodo en el banco, pasen a desempeñar actividades que generen un conflicto de interés.
En conclusión, mientras que un sector de los expertos ve el cambio como una amenaza a la representación social y a la seguridad del capital trabajador, otros consideran que la clave reside en la profesionalización de los nombramientos y la creación de un marco legal que exija idoneidad técnica por encima de la afinidad política.
