El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha presentado una propuesta que podría alterar significativamente el acceso al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas. Según las estimaciones oficiales, alrededor de 6.3 millones de personas podrían perder el acceso a los cupones de alimentos para el año fiscal 2029, fecha en la que se prevé que los efectos de este cambio normativo alcancen su plenitud.
La iniciativa, detallada en un documento publicado el pasado 10 de noviembre de 2026, se centra en restringir uno de los mecanismos fundamentales de ingreso al programa: la elegibilidad categórica amplia, conocida técnicamente como BBCE (Broad-Based Categorical Eligibility). Actualmente, este mecanismo permite que las administraciones estatales utilicen ciertos beneficios o servicios vinculados a la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) como una vía para incorporar a los solicitantes al programa nutricional, otorgando a los estados un margen de flexibilidad para aplicar condiciones de ingresos y recursos que difieren de los límites federales ordinarios.
El planteamiento del USDA busca eliminar esta posibilidad, limitando la elegibilidad únicamente a aquellos casos donde el apoyo recibido constituya asistencia de TANF bajo una definición federal específica. Asimismo, la propuesta pretende retirar las disposiciones que permiten el acceso al programa por el simple hecho de estar autorizado a recibir determinados beneficios, exigiendo que estos sean efectivamente obtenidos.
De concretarse esta medida, el impacto sería considerable. Las proyecciones indican que 3.2 millones de hogares, compuestos por los citados 6.3 millones de personas, dejarían de recibir la asistencia de SNAP debido a que sus ingresos o recursos superarían los umbrales federales aplicables. Para dimensionar la magnitud del cambio, el documento revela que, en diciembre de 2025, 46 estados utilizaban la elegibilidad categórica amplia; de ellos, 37 mantenían límites de ingresos brutos superiores al estándar federal y 41 no aplicaban un tope de recursos bajo dichas políticas.
Es importante precisar que el impacto no sería uniforme para todos los beneficiarios, ya que las pruebas económicas varían según la composición del hogar. Para las unidades familiares que no cuentan con integrantes mayores o personas con discapacidades, se exige normalmente un límite de ingresos brutos del 130% del nivel federal de pobreza y un límite neto del 100%. En contraste, las familias que incluyen a una persona mayor o con discapacidad solo deben cumplir con el umbral de ingresos netos, lo que significa que no todos los participantes tendrían que ajustarse a un único tope bruto para conservar la ayuda.
Más allá del acceso directo a los alimentos, la propuesta generaría un efecto dominó en otros servicios sociales. La certificación en SNAP permite que muchos niños accedan automáticamente a comidas escolares gratuitas. El USDA calcula que aproximadamente 1.78 millones de menores podrían perder esta elegibilidad automática. Aunque se estima que el 97% de estos niños conservaría el derecho a alimentación gratuita o reducida mediante otros procedimientos, esto obligaría a las familias a realizar trámites adicionales para acreditar sus condiciones económicas.
Asimismo, el programa Summer EBT, diseñado para proveer alimentos durante las vacaciones escolares, se vería afectado. Se prevé que unos 42,000 niños podrían dejar de recibir esta ayuda para el verano de 2029. De este grupo, cerca de 13,000 menores seguirían cumpliendo los requisitos económicos, pero se estima que no presentarían la solicitud requerida, evidenciando que la barrera administrativa podría ser tan excluyente como la económica.
El programa WIC, destinado a mujeres embarazadas, madres, bebés y niños pequeños, también podría experimentar efectos en su vía de elegibilidad económica vinculada a SNAP, aunque el USDA aclara que la pérdida de los cupones de alimentos no cancela automáticamente la cobertura de WIC, ya que son iniciativas distintas.
Desde la perspectiva del gobierno, el USDA sostiene que estas modificaciones permitirían ajustar el programa a los límites establecidos por ley. No obstante, el propio análisis del departamento reconoce que la medida resultaría en una reducción de las ayudas y un incremento de las cargas administrativas para los estados.
Por el momento, este documento no constituye una norma definitiva ni implica la cancelación inmediata de los beneficios. El USDA ha abierto un periodo de consulta pública para recibir observaciones de ciudadanos, organizaciones y autoridades estatales, el cual permanecerá abierto hasta el 10 de enero de 2027. Las decisiones finales sobre el proceso regulatorio y el texto aprobado dependerán de los resultados de esta etapa de revisión.
