El futbolista nacional Arturo Vidal se encuentra actualmente enfrentando un complejo escenario en el ámbito judicial debido a una demanda laboral interpuesta por una de sus extrabajadoras. La situación ha escalado a un punto crítico, ya que la justicia ha emitido una orden de embargo que afecta parte de los bienes de una de las empresas propiedad del deportista: el Club Chicureo.
Este conflicto legal tiene su origen en la demanda presentada por María Joaquina Opazo, quien desempeñó funciones durante un periodo de 14 años en las instalaciones del mencionado recinto. En el Club Chicureo, propiedad de Vidal, opera un gimnasio de lujo donde la demandante prestó sus servicios durante más de una década.
El núcleo de la controversia radica en las condiciones del término de la relación laboral. Según los antecedentes, la trabajadora quedó embarazada y, tras finalizar su periodo de postnatal y reintegrarse a sus labores, fue despedida. No obstante, el conflicto se agravó al momento de calcular la indemnización correspondiente. De acuerdo con los reportes del programa Plan Perfecto de Chilevisión, a la mujer solo se le realizó el pago de indemnización por cuatro años de servicio. El resto del tiempo, correspondiente a diez años de trabajo, fue remunerado mediante la emisión de boletas de honorarios, lo que significa que operó sin un contrato de trabajo formal durante la mayor parte de su permanencia en la empresa.
La representación legal de la demandante ha sido enfática al señalar que el despido fue efectuado de manera verbal y se consideró injustificado. Sumado a esto, el abogado de la extrabajadora denunció que no se realizaron los pagos de las cotizaciones previsionales obligatorias durante el tiempo de servicio. Gracias a la presentación de estas pruebas y argumentos, la justicia dictó una sentencia condenatoria que afecta a dos de las empresas pertenecientes al denominado "King".
A día de hoy, la deuda total que Arturo Vidal y sus empresas deben cancelar asciende a la suma de 76 millones de pesos. Ante el incumplimiento del pago, la justicia inició los procedimientos de cobranza forzosa para recuperar el monto adeudado. En una primera instancia, el tribunal decretó el embargo de las cuentas bancarias de la empresa implicada; sin embargo, este intento resultó infructuoso, ya que al realizar la consulta se constató que las cuentas se encontraban vacías.
Ante la falta de liquidez en las cuentas bancarias, el Poder Judicial determinó proceder con el embargo de los bienes físicos ubicados en el club. Este proceso no estuvo exento de dificultades. Según la información entregada por Chilevisión, en un primer intento, el receptor judicial fue impedido de ingresar al recinto, lo que evitó que se pudieran realizar las tasaciones correspondientes de los activos.
Debido a esta resistencia, se requirió una segunda intervención. En esta ocasión, el receptor judicial logró obtener el auxilio de la fuerza policial para poder acceder a las instalaciones y concretar efectivamente el embargo de los bienes. El receptor judicial, José Candia, explicó la naturaleza de esta acción legal, señalando que existe una orden judicial que autoriza al receptor a constituirse en el domicilio del demandado con el objetivo primordial de realizar un inventario valorado de los bienes. Candia subrayó que este procedimiento constituye una medida de apremio contra el demandado.
Este operativo representa la primera etapa del proceso de embargo, la cual busca avanzar en la recuperación efectiva del monto total demandado por la trabajadora. A pesar de la gravedad de la medida y la ejecución del embargo, existe una vía de salida para el futbolista. El proceso legal permite que Vidal pueda llegar a un acuerdo económico con la demandante para resolver la vulneración de derechos que ya ha sido acreditada y sentenciada por la justicia.
