El diputado federal Carlos Canturosas Villarreal ha manifestado su respaldo total a la medida anunciada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, orientada a restringir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos dentro de los planteles educativos. El legislador subrayó que, tras el anuncio del Ejecutivo, el siguiente paso fundamental será analizar y fortalecer, desde la Cámara de Diputados, el marco legal pertinente que permita consolidar y dar permanencia a esta disposición en todo el país.
Esta iniciativa tiene su base en un acuerdo publicado el pasado 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Dicho documento establece una serie de medidas diseñadas para garantizar que el uso de dispositivos digitales personales en las escuelas, tanto públicas como particulares del Sistema Educativo Nacional, se realice de manera responsable y segura. Cabe destacar que esta disposición no es un acto unilateral, sino que deriva de un acuerdo nacional aprobado por unanimidad entre la SEP y las autoridades educativas de las 32 entidades federativas, todo ello en el marco del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU).
Al respecto, el diputado Canturosas Villarreal explicó que, en esta fase inicial, la medida se presenta como una disposición de carácter administrativo en materia educativa. El objetivo primordial es mitigar y atender los efectos negativos que el uso excesivo de teléfonos móviles y diversas plataformas digitales puede generar en los estudiantes. Según el legislador, se busca combatir directamente la pérdida de concentración, las dificultades en la convivencia escolar y el deterioro del aprendizaje en niñas, niños y adolescentes.
“Estamos ante un primer paso importante para recuperar espacios escolares en los que niñas, niños y jóvenes puedan concentrarse en aprender, convivir y desarrollarse. Como legisladores tenemos la responsabilidad de acompañar esta medida y analizar el marco legal necesario para darle mayor solidez, siempre poniendo en el centro el aprendizaje, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes”, afirmó categóricamente el diputado Carlos Canturosas.
El acuerdo detalla aplicaciones diferenciadas según el nivel educativo. Para la educación básica, se establece una restricción rigurosa del uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales durante la totalidad de la jornada escolar. No obstante, el documento prevé excepciones claras: el uso estará permitido cuando tenga fines educativos que hayan sido programados previamente, en casos de emergencias personales, o en situaciones específicas relacionadas con la discapacidad, la accesibilidad, la inclusión o necesidades de salud debidamente justificadas.
En el caso de la educación media superior, se ha planteado un esquema de uso responsable y seguro. Bajo este modelo, será cada comunidad educativa la encargada de determinar las limitaciones al uso no pedagógico de los dispositivos, tomando en cuenta las características y necesidades particulares de su entorno. Por su parte, en la educación superior, la medida se enfoca en fomentar un uso responsable, seguro, crítico y ético de la tecnología, respetando en todo momento la autonomía universitaria.
El legislador Canturosas detalló que esta decisión responde a problemáticas ya identificadas en el entorno escolar, tales como la dificultad de los alumnos para mantener la atención y la presencia de episodios de cansancio o somnolencia. Asimismo, alertó sobre los conflictos que se originan en redes sociales y que posteriormente se trasladan al interior de las escuelas, además de denuncias sobre la toma y difusión de fotografías sin el consentimiento de las personas y diversas situaciones de ciberacoso.
Adicionalmente, el acuerdo se fundamenta en las advertencias de especialistas sobre los riesgos de una infancia excesivamente dependiente del teléfono. Entre los efectos señalados se encuentran la depresión, la ansiedad, los trastornos alimentarios, la adicción, la distracción constante y una notable disminución en la capacidad de atención de los menores.
Finalmente, el diputado destacó que esta medida administrativa es solo el comienzo de un proceso que debe complementarse a través del Poder Legislativo. En este sentido, mencionó que Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, ya ha anunciado la intención de trasladar estas disposiciones al marco legal. El objetivo es dotar a la medida de las características propias de una ley: generalidad, abstracción, obligatoriedad y coercitividad.
Canturosas Villarreal concluyó reiterando que corresponde ahora a la Cámara de Diputados analizar cómo transformar esta preocupación en un marco legal sólido, actuando con responsabilidad y escuchando a las comunidades educativas para asegurar que cualquier regulación proteja el derecho fundamental al aprendizaje y el desarrollo integral de la juventud mexicana.
