La Corte de Apelaciones de Valparaíso ha dictaminado una resolución que marca un giro significativo en el proceso judicial relacionado con el ataque sufrido por Madelyne Vera Villarroel. El tribunal resolvió que se debe llevar a cabo un nuevo juicio oral contra David Fabián Ulloa Orozco, quien ya había sido condenado previamente por el Tribunal Oral en lo Penal de Quillota debido a los hechos violentos acontecidos en octubre de 2024.
Esta decisión judicial surge luego de que la Corte acogiera el recurso de nulidad interpuesto por la Fiscalía de Limache. El organismo persecutor había manifestado su disconformidad con la resolución del primer proceso, ya que, durante el juicio inicial, la Fiscalía había acusado formalmente a Ulloa Orozco como autor del delito de femicidio íntimo en grado de frustrado.
El conflicto jurídico central de este caso radica en la calificación del delito. Durante el primer juicio, el Tribunal Oral de Quillota llegó a una conclusión distinta a la solicitada por el Ministerio Público. Si bien los jueces descartaron la tesis presentada por la defensa —la cual pretendía que los hechos fueran calificados únicamente como lesiones graves—, no acogieron la tesis de la Fiscalía sobre el femicidio frustrado. En su lugar, el tribunal condenó al acusado por femicidio íntimo en grado de tentado.
Esta diferencia técnica en la calificación jurídica tuvo un impacto directo y determinante en la sentencia impuesta. Al ser calificado como femicidio en grado de tentado, David Fabián Ulloa Orozco recibió una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo. No obstante, la sentencia incluyó una medida que generó controversia: el cumplimiento de dicha pena fue sustituido por el beneficio de libertad vigilada intensiva. Asimismo, el tribunal reconoció un abono de 648 días por el tiempo que el imputado había permanecido privado de libertad durante el desarrollo de la causa.
Desde el Ministerio Público se mantuvo la postura de que la conducta desplegada por el acusado se ajustaba a la definición de femicidio frustrado, una categoría legal distinta y generalmente más severa que la de femicidio tentado. Fue precisamente esta discrepancia la que motivó la presentación del recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el cual ha sido ahora acogido, invalidando así la resolución adoptada en el primer proceso y obligando a que el caso sea nuevamente llevado a juicio.
Para comprender la gravedad de los hechos que originaron este proceso, es necesario remontarse al 22 de octubre de 2024. De acuerdo con los antecedentes expuestos y probados durante las diligencias judiciales, Madelyne Vera fue víctima de una agresión brutal por parte de quien era su esposo en aquel momento. La mujer fue golpeada y asfixiada por el agresor. Posteriormente, el imputado la trasladó en el maletero de un vehículo hasta el sector de la Cuesta La Dormida, lugar donde la lanzó por un barranco con una profundidad superior a los 30 metros. A pesar de la extrema violencia del ataque y la caída, la mujer logró sobrevivir.
El desenlace del primer juicio y la posterior sentencia de libertad vigilada provocaron diversas reacciones en la comunidad de Limache. Ante la situación, el alcalde de la comuna, Luciano Valenzuela, sostuvo una reunión con Madelyne Vera para reafirmar el compromiso del municipio de mantener el acompañamiento continuo hacia la víctima. En aquel momento, la autoridad municipal señaló que, si bien la municipalidad no posee injerencia directa en las decisiones del Poder Judicial, mantenía la esperanza de que el fallo fuera revisado por instancias superiores.
Con la reciente resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, esa posibilidad de revisión se ha materializado. Ahora, el proceso judicial deberá reiniciarse completamente para determinar, mediante un nuevo debate oral, la responsabilidad penal del acusado y, fundamentalmente, la calificación jurídica correcta de los hechos. Este nuevo juicio definirá si la conducta de David Fabián Ulloa Orozco constituye un femicidio frustrado, tal como sostiene la Fiscalía, o si se mantiene otra calificación, lo que impactará directamente en la pena final que deberá cumplir el sentenciado.
