Las instituciones del Gobierno Central responsables de la seguridad ciudadana, la seguridad vial y la administración de justicia en Costa Rica han mantenido una planilla prácticamente estancada durante casi una década. Esta situación ocurre en un contexto donde el país enfrenta desafíos crecientes en materia de criminalidad y seguridad pública, generando una brecha entre la capacidad operativa del Estado y las demandas actuales de la población.
Según datos extraídos de la exposición de motivos de diversos proyectos de Presupuesto Nacional, la proporción de plazas destinadas a estas áreas ha variado mínimamente en los últimos años. Para el año 2027, los puestos del Ministerio de Seguridad Pública, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Paz, y la Policía de Tránsito (dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOPT) representarían el 27,4% de la planilla gubernamental total, una cifra muy cercana al 27% que registraban en 2018.
En términos absolutos, estas entidades concentrarían 42.641 de los 155.387 puestos previstos para el Gobierno Central en 2027. En comparación, para el año 2018, estas mismas instituciones ocupaban 38.438 de las 142.276 plazas disponibles. El crecimiento de este personal no ha sido lineal; la cifra total descendió hasta los 38.290 puestos en 2021, iniciando a partir de entonces un leve ascenso.
Este escenario de estabilidad numérica contrasta con los indicadores de violencia. Datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) revelan que en 2025 se registraron 873 homicidios dolosos, una cifra similar a los 876 asesinatos ocurridos en 2024. Además, 2025 marca el tercer año consecutivo en que el país supera la barrera de las 600 muertes violentas de este tipo, la mayoría ejecutadas con armas de fuego y motivadas, en ocho de cada diez casos, por ajustes de cuentas o venganzas. Asimismo, la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) ratifica que la delincuencia y la inseguridad siguen siendo el principal problema del país.
El análisis detallado por institución muestra realidades diversas. La planilla del Ministerio de Seguridad Pública se proyecta en 19.205 puestos para 2027, la misma cifra prevista para 2026 y la más alta desde 2018. No obstante, esta institución representaría el 12,36% de las plazas del Gobierno Central, una proporción menor al 12,95% que ostentaba en 2018, cuando contaba con 18.421 puestos. Cabe señalar que entre 2022 y 2023 la planilla descendió hasta los 17.432 puestos antes de iniciar su recuperación. El ministerio no respondió a las consultas realizadas sobre la suficiencia de su personal.
Por su parte, el Poder Judicial ha mantenido una participación de entre el 8% y el 9% de la planilla gubernamental entre 2018 y 2027, pasando de 12.579 a 13.856 funcionarios. A pesar de no haber registrado reducciones en casi una década, la Corte sostiene que el personal es insuficiente. La entidad informó que requiere 2.083 plazas adicionales para enfrentar el incremento de la criminalidad y cumplir con reformas legales que no fueron dotadas de presupuesto. El impacto es crítico en materia penal: mientras un tribunal colegiado puede atender hasta 180 asuntos de complejidad promedio al año, en casos de crimen organizado solo puede asumir hasta dos, dejando sin atender el resto de los delitos.
En el caso del Ministerio de Justicia y Paz, la planilla contaría con 8.641 plazas en 2027, la cifra más alta desde 2018, tras haber iniciado aquel año con 6.471 puestos. Para el próximo año, se proyecta un aumento de 271 nuevas plazas distribuidas entre personal policial, administrativo, profesional y técnico, con el fin de reforzar la gestión institucional y los servicios penitenciarios. Al igual que el Ministerio de Seguridad, esta cartera no respondió a las consultas sobre la suficiencia de su dotación.
Finalmente, la Policía de Tránsito representa menos del 1% de la planilla gubernamental, fluctuando entre 838 y 969 plazas desde 2018. Para 2027 se prevén 939 puestos, pero la Dirección General de la Policía de Tránsito estima que requiere entre 1.300 y 1.350 plazas policiales para atender el crecimiento del parque automotor, que pasó de 1,5 millones de vehículos en 2018 a dos millones en la actualidad. Esta necesidad se refleja en los datos de la Sugese, donde los siniestros de motocicletas aumentaron de un promedio mensual de 1.500 en 2018 a 3.000 en el presente año.
