La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu (ACC Zañartu) contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago del 9 de junio de 2025. Con esta determinación, el máximo tribunal pone término a la denominada “Guerra del agua” que ha afectado la cuenca del río Laja durante más de una década. El conflicto se originó por las pretensiones de la ACC Zañartu de incrementar en un 46% el caudal que puede extraer, situación que había encendido las alarmas de diversos usuarios de aguas en las regiones del Biobío y Ñuble.
A través de este fallo, la Corte Suprema dejó sin efecto la resolución 2320 de la Dirección General de Aguas (DGA), emitida en agosto de 2023. Dicha resolución había sorprendido a la comunidad y a los regantes al reconocer a la ACC Zañartu el derecho a extraer un caudal mayor desde el río Laja, elevando el límite de 22 m3/s a 33 m3/s.
En dos fallos emitidos el pasado 14 de septiembre, el tribunal declaró inadmisible el recurso en la forma y rechazó el fondo. Simultáneamente, se rechazó el recurso de casación en el fondo presentado por la ACC Zañartu que buscaba anular la Resolución 3549 de diciembre de 2022, la cual sancionaba a la organización por la extracción ilegal de aguas por sobre los 22 m3/s.
Esta batalla judicial se ha prolongado desde el año 2011. El conflicto ya había sido resuelto previamente por la Corte Suprema en 2021 y por la propia DGA en 2022, instancias en las que se negaron las pretensiones de los canalistas del Canal Zañartu, se aplicaron sanciones por extracciones ilegales y se ordenó la destrucción de obras de captación no autorizadas. No obstante, un cambio repentino de criterio por parte de las autoridades de la DGA en agosto de 2023 reabrió el conflicto.
Debido a esta controvertida resolución de 2023, la Junta de Vigilancia del Río Diguillín (JVRD), junto a la Asociación de Canalistas del Laja, la Sociedad Agrícola de Biobío A.G., la Cámara de Turismo Saltos del Laja y Aproleche Biobío A.G., interpusieron en junio de 2024 una querella contra altos directivos de la DGA por el presunto delito de prevaricación administrativa.
El impacto de este litigio era significativo, ya que afectaba a más de 3 mil pequeños y medianos agricultores usuarios del río Laja que riegan más de 80.400 hectáreas, además de más de 5 mil familias regantes del sistema del Canal Laja-Diguillín, una obra estatal que beneficia a 44.630 hectáreas. La magnitud del caudal en disputa es considerable: se estima que con 10 m3/s es posible regar entre 8 mil y 10 mil hectáreas. Como referencia, el Canal Laja-Diguillín entrega cerca de 26 m3/s, distribuyendo 10 m3/s en Yungay, Pemuco y El Carmen (Agrocanal), y 16 m3/s entre los usuarios de la JVRD en Bulnes, San Ignacio y El Carmen.
Juan Carlos Villagra, presidente de la JVRD, manifestó su satisfacción ante el fallo, señalando que se confirma la posición de que el Canal Zañartu solo tiene derecho a extraer 22,6 m3/s. Villagra calificó el cambio de criterio de la DGA en 2023 como “improcedente”, resaltando que la resolución era sumamente grave pues el proyecto Laja-Diguillín aún tiene un número de usuarios “blancos” que no reciben agua debido a que no se han terminado los canales secundarios. El dirigente enfatizó que los 10 m3/s adicionales que la DGA había otorgado al Canal Zañartu eran para todo el año, mientras que ellos riegan miles de hectáreas solo en temporada, en un contexto de menor disponibilidad hídrica.
Por su parte, Francisco Saldías, juez de río de la JVRD, explicó que las sentencias dejan claro que cualquier captación superior a los 22,6 m3/s es ilegal y constituye una usurpación de aguas, ya que la organización no posee permisos ni obras para conducir un caudal mayor. Saldías destacó que este resultado beneficia la cuenca del río Laja y asegura el caudal para la obra estatal Laja-Diguillín, permitiendo proyectar el riego para aquellos agricultores postergados.
Finalmente, Saldías advirtió sobre investigaciones pendientes. La Comisión Nacional de Riego (CNR) habría constatado que la directiva del Canal Zañartu obtuvo recursos económicos a través de la Ley de riego 18.450 para ampliaciones de obras que aumentarían el caudal a 45 m3/s, antecedentes que fueron enviados al Ministerio Público. El juez de río reflexionó que la resolución de la DGA de 2023 fue una “acción política y nada técnica” y alertó sobre la persistencia del Canal Zañartu, liderado por la familia Sabag, cuyo objetivo sería la generación hidroeléctrica y no el riego, instando a mantenerse atentos para proteger el riego en la región de Ñuble.
