En un operativo realizado durante las primeras horas de la madrugada, seis adolescentes investigados por la presunta violación sexual de un compañero de 16 años fueron trasladados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, establecimiento ampliamente conocido como "Maranguita". Esta medida se ejecutó tras la resolución emitida por el Tercer Juzgado de Familia de Lima, el cual dispuso un internamiento preventivo por un periodo de cuatro meses para los menores involucrados en este grave caso.
El proceso de traslado se inició antes de que finalizara el día, específicamente antes de la medianoche, luego de que se completaran diversas y extensas diligencias judiciales en la sede del juzgado. Para el desplazamiento de los investigados, se utilizó una unidad tipo minivan, en la cual viajaban los adolescentes acompañados por efectivos de la Policía Nacional y personal administrativo y legal perteneciente al Tercer Juzgado de Familia, garantizando así la custodia y el cumplimiento estricto de la orden judicial.
Una vez que la comitiva arribó a las instalaciones de Maranguita, el procedimiento administrativo fue seguido rigurosamente. Tres trabajadores del juzgado fueron los encargados de presentar la documentación oficial que respaldaba la medida dictada por el juez. Solo después de que se completara la verificación y el trámite de entrega de los menores, los seis adolescentes ingresaron formalmente al establecimiento penitenciario juvenil bajo la vigilancia constante de la fuerza policial.
Un detalle relevante del traslado, según los reportes difundidos durante la madrugada por el medio Exitosa, fue la implementación de medidas para resguardar la identidad de los menores. Los seis investigados fueron conducidos con sus rostros cubiertos, evitando así cualquier tipo de exposición pública. Asimismo, se informó que los jóvenes ingresaron al centro de rehabilitación con las manos sujetas mediante grilletes, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de traslados policiales.
La decisión de internar preventivamente a los adolescentes no fue inmediata, sino que fue el resultado de un proceso legal coordinado. La Fiscalía de Familia fue la entidad que solicitó formalmente al juzgado el internamiento preventivo por el lapso de cuatro meses. Este pedido fue sometido a una evaluación exhaustiva por parte del Tercer Juzgado de Familia, quien analizó detalladamente las diligencias y las declaraciones recabadas durante los últimos días de investigación.
Previo a la resolución final, los seis investigados fueron presentados ante el juzgado para continuar con las diligencias correspondientes al caso. El juez, tras escuchar las declaraciones de los implicados y ponderar los argumentos presentados por la fiscalía, determinó que la medida de internamiento preventivo era la acción adecuada para asegurar el proceso judicial en curso y la protección de las partes involucradas.
Es importante recordar que el caso se originó tras la denuncia presentada por la familia de un adolescente de 16 años, quien habría sido víctima de abusos. En las etapas iniciales de la investigación, la Policía Nacional retuvo a un grupo de diez alumnos del Liceo Naval Almirante Guise. Este grupo fue sometido a los primeros interrogatorios y análisis por parte de las autoridades competentes para determinar la responsabilidad de cada uno en los hechos denunciados.
Sin embargo, a medida que la Fiscalía de Familia avanzó con las diligencias, se pudo determinar que cuatro de los diez alumnos inicialmente retenidos no habrían tenido participación en los hechos investigados. Basándose en estas conclusiones técnicas y legales, las autoridades procedieron a otorgar la libertad a estos cuatro adolescentes, quienes recuperaron su libertad después de haber permanecido bajo custodia durante las primeras fases de las indagaciones.
Actualmente, los seis menores restantes permanecen en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, donde cumplirán la medida de internamiento preventivo mientras las investigaciones continúan para esclarecer los hechos ocurridos en el Liceo Naval Almirante Guise. El proceso judicial sigue su curso bajo la supervisión del Tercer Juzgado de Familia y la Fiscalía de Familia de Lima.
