El Gobierno de Portugal ha confirmado oficialmente la adquisición del 13,7 % de las acciones de Redes Energéticas Nacionais (REN), el operador responsable de las redes de transporte de electricidad y gas en el país. La operación se ha materializado a través de la compra de la participación que ostentaba Pontegadea, la sociedad inversora del fundador de Inditex, Amancio Ortega, por un importe total de 389,8 millones de euros.
A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Finanzas, el Ejecutivo ha querido aclarar los pormenores de la transacción en respuesta a diversas informaciones publicadas en la prensa portuguesa, las cuales ha calificado de "falsas". Estas precisiones surgen en un clima de tensión política, debido a las críticas lanzadas por la oposición, representada por el Partido Socialista (PS), respecto al precio abonado por el Estado para reintegrarse en el capital de la compañía energética.
Según la explicación detallada por el Ministerio de Finanzas, la decisión de adquirir hasta un 20 % de REN llevó al Gobierno a evaluar las distintas vías de compra. El Ejecutivo determinó que realizar dicha adquisición directamente en el mercado bursátil resultaba impracticable, debido a que el volumen diario de negociación de las acciones de la compañía no permitía una compra de esa magnitud sin alterar drásticamente la cotización. Ante este escenario, el Estado tomó la iniciativa de contactar con Pontegadea, que en aquel momento se posicionaba como el segundo mayor accionista de la empresa.
Esta aclaración responde específicamente a las demandas del Partido Socialista (PS), que había solicitado al Gobierno encabezado por Luís Montenegro la documentación completa de la operación. El partido de oposición buscaba determinar si la iniciativa de la venta había partido del Estado portugués o si, por el contrario, había sido una propuesta de la sociedad de Amancio Ortega.
En cuanto a la gestión técnica de la compra, el Ministerio de Finanzas precisó que contó con el asesoramiento jurídico y financiero de dos entidades: el despacho Sérvulo e Associados y Caixa Banco de Investimento, perteneciente al grupo público Caixa Geral de Depósitos. El coste conjunto de los servicios prestados por estas dos entidades para coordinar la adquisición ascendió a 100.000 euros.
Asimismo, el Gobierno ha querido resolver las dudas sobre la diferencia financiera entre los fondos movilizados y el pago final. Se informó que el Estado aportó cerca de 393 millones de euros de financiación a Parpública, la sociedad encargada de gestionar las participaciones empresariales del sector público, mientras que el importe efectivamente pagado a Pontegadea fue de 389,8 millones de euros. El Ministerio explicó que se presupuestó una cantidad máxima siguiendo los procedimientos habituales en este tipo de transacciones y que el remanente de dichos fondos permanece en las cuentas de Parpública. Además, el departamento aseguró que la operación no genera ningún impacto negativo en la deuda pública ni en el saldo presupuestario.
No obstante, el punto más conflictivo de la operación reside en el precio de las acciones. La compra consistió en la adquisición de 91.723.676 acciones de REN a un precio de 4,25 euros por título. De acuerdo con la documentación remitida al Tribunal de Cuentas, este precio incorporó una prima cercana al 15 % en comparación con la cotización media ponderada por volumen de los seis meses anteriores.
Esta prima es el centro de la controversia, ya que el Partido Socialista considera que dicho sobrecoste no está justificado, representando una diferencia de aproximadamente 51 millones de euros respecto al valor bursátil de referencia. Como consecuencia, el PS ha anunciado que impulsará una iniciativa legislativa destinada a endurecer y reforzar los controles sobre las adquisiciones de activos realizadas por entidades públicas.
Por su parte, el Tribunal de Cuentas autorizó la operación el pasado 31 de agosto. Sin embargo, el organismo puntualizó que su intervención se limitó estrictamente a verificar la legalidad y la regularidad financiera de la transacción, dejando claro que no evaluó la conveniencia, la oportunidad o el mérito político de la decisión tomada por el Gobierno.
Esta transacción marca un hito en la composición accionarial de REN, ya que supone la salida total de Pontegadea de la compañía y el regreso del Estado portugués al accionariado después de doce años. En 2014, el Estado había vendido el último 11 % que conservaba en la operadora. Con este nuevo 13,7 %, el Estado vuelve a ser el segundo mayor accionista, situándose detrás de la empresa estatal china State Grid, que mantiene el control con un 25 % de las acciones.
Finalmente, el Gobierno justifica este movimiento estratégico basándose en la importancia crítica de las redes energéticas y la necesidad de garantizar la seguridad de las infraestructuras esenciales del país. Aunque el objetivo final es alcanzar una participación del 20 % en REN, el Ejecutivo aún no ha definido el calendario de ejecución, ni ha concretado quiénes serían los vendedores o cuál sería el coste de esa participación adicional.
