El Poder Judicial ha intervenido de manera urgente en el caso de un adolescente de 16 años, estudiante del colegio Liceo Naval Almirante Guise, quien ha sido víctima de una presunta agresión sexual. A través del Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima, se han dictado diversas medidas de protección preventivas con el objetivo primordial de salvaguardar la integridad física y psicológica del menor, evitando que se produzcan nuevos actos de violencia mientras avanzan las investigaciones correspondientes.
Dentro de las disposiciones establecidas por el órgano jurisdiccional, destaca la implementación de restricciones estrictas para los presuntos agresores. El juzgado ha prohibido explícitamente que los señalados utilicen cualquier espacio privado o plataforma digital para establecer contacto con el agraviado. Esta medida incluye específicamente el uso de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, tales como WhatsApp y Facebook, con el fin de impedir que se realicen acciones de hostigamiento o cualquier tipo de comunicación dirigida contra el adolescente afectado.
Complementando las restricciones digitales, el Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima ha ordenado el despliegue de seguridad física en el entorno del menor. En este sentido, se ha dispuesto que la comisaría del sector correspondiente lleve a cabo patrullajes periódicos y semanales en los alrededores de la vivienda del estudiante. Esta vigilancia policial busca garantizar la seguridad del adolescente en su lugar de residencia durante el periodo establecido por la autoridad judicial, mitigando cualquier riesgo potencial derivado del conflicto.
Asimismo, el juzgado ha determinado que los adolescentes señalados como presuntos agresores deben someterse a una atención psicológica de carácter obligatorio. Esta medida se suma al conjunto de acciones preventivas adoptadas por el Poder Judicial para manejar la situación de los involucrados mientras el proceso legal continúa su curso, asegurando que los menores investigados reciban la intervención profesional necesaria en el marco de las investigaciones.
Paralelamente al accionar judicial, el Ministerio Público ha tomado medidas legales más severas. La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro, a través del fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández, ha solicitado un internamiento preventivo por un periodo de cuatro meses para los menores de edad investigados. Los implicados son alumnos que cursan el quinto año de secundaria en la misma institución educativa. Esta solicitud tiene como finalidad primordial asegurar la presencia de los adolescentes durante el desarrollo de las diligencias fiscales y judiciales, evitando cualquier posible obstaculización del proceso.
El requerimiento del fiscal será analizado y resuelto una vez que finalice el periodo de retención en flagrancia de los menores involucrados. Cabe precisar que los hechos denunciados ocurrieron el pasado 15 de septiembre en el distrito de San Borja, lugar donde se habría producido la presunta violación sexual en agravio del estudiante de 16 años, caso que actualmente se encuentra bajo una exhaustiva investigación.
El caso ha generado repercusiones que trascienden el ámbito judicial. En un hecho relacionado, se reportó la reacción violenta del padre de uno de los alumnos investigados, quien atacó a un camarógrafo. Tras el incidente, el progenitor manifestó: “Debí ser más agresivo”, justificando su accionar frente a la prensa.
Finalmente, la gravedad de los acontecimientos en el Liceo Naval Almirante Guise ha provocado una reacción a nivel gubernamental. El Ministro de Educación ha anunciado la implementación de cambios normativos con el objetivo de volver a permitir que las instituciones educativas puedan expulsar a alumnos en casos graves, tomando como punto de partida las circunstancias ocurridas en este centro escolar. Con estas medidas, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público y el Ejecutivo buscan responder a la crisis suscitada en la institución educativa de San Borja.
