El denominado "Caso Éxodo", una de las investigaciones más profundas y recientes sobre presunta legitimación de capitales en Costa Rica, ha dado un giro relevante este jueves 8 de octubre de 2026. El reconocido productor de conciertos, Don Stockwell, recuperó su libertad luego de haber sido detenido el pasado miércoles durante un operativo que incluyó allanamientos en su residencia de un condominio en Pozos de Santa Ana.
La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO) confirmó que, tras analizar la declaración del empresario, las pruebas recopiladas y los riesgos procesales, solicitará medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Es fundamental precisar que esta decisión no implica la absolución de Stockwell ni su exclusión del proceso judicial; el productor continúa como imputado y deberá cumplir con los requerimientos de las autoridades mientras avanza la investigación.
Tras comparecer ante el Ministerio Público y abandonar las instalaciones judiciales durante la madrugada del jueves, Stockwell utilizó sus redes sociales para informar que se encontraba en su hogar. "Ya estoy en casa, listo para luchar contra este malentendido", afirmó el productor, quien señaló haber brindado las explicaciones necesarias sobre los hechos. Posteriormente, al presentarse en los tribunales de Goicoechea, Stockwell defendió su postura ante la prensa, asegurando: “Me asocié con personas que yo no sabía que conocían a otras personas. Tengo la conciencia y la cabeza en alto”.
Por su parte, el abogado defensor, Daniel Brenes, sostuvo que durante la indagatoria se aportaron elementos que permitieron disminuir los riesgos procesales. La defensa insiste en que no existió el vínculo criminal atribuido por los investigadores y manifestó la total disposición de su cliente para colaborar con la justicia.
El proceso judicial no solo involucra a Stockwell. El productor Hugo Benavides Barboza, conocido como Hugo Barboza, permanece detenido mientras se define su situación jurídica. Asimismo, las autoridades confirmaron la liberación de una mujer identificada con el apellido Corrales, quien, aunque sigue imputada, no enfrentará medidas cautelares por el momento, a diferencia de Stockwell, quien sí tendrá restricciones judiciales.
La complejidad del caso radica en la presunta vinculación de empresarios del entretenimiento con Edwin Vargas García, alias “Sobrino”, un individuo vinculado a organizaciones del narcotráfico. Gracias a la cooperación internacional, el fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, informó que el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) asistió en la recuperación de comunicaciones a través de Snapchat, plataforma que presentaba dificultades técnicas para los investigadores locales.
Entre las pruebas más contundentes recuperadas se encuentra una videollamada del 14 de septiembre de 2023 entre Stockwell y Vargas García, donde habrían discutido una inversión de aproximadamente 250,000 dólares para un espectáculo. Otras comunicaciones detallan inversiones en el concierto de Ricardo Montaner por 130,000 dólares, con ganancias netas superiores a 42,000 dólares y un retorno del 37%. Los investigadores también identificaron movimientos relacionados con el evento deportivo Nitro Circus, con montos que oscilaron entre 182,660 y 222,455 dólares, y una inversión de unos 300,000 dólares para el concierto de Aventura en 2024. Además, se investiga una transferencia de 350,000 dólares realizada en febrero de 2024.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) estima que la organización de “Sobrino” habría invertido cerca de 859,000 dólares en al menos tres espectáculos masivos. Sin embargo, la red de legitimación de capitales sería más amplia, abarcando la compra y venta de oro extraído ilegalmente de Crucitas, en Cutris de San Carlos, así como inversiones en ganado, propiedades, préstamos informales y lotería clandestina.
El caso también ha generado repercusiones políticas. La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, aclaró que coincidió y se fotografió con Hugo Barboza en marzo de 2026 durante un concierto de Grupo Firme, invitación gestionada por el vicepresidente Francisco Gamboa, asegurando que desconocía los vínculos del empresario con actividades ilícitas. Simultáneamente, el Partido Liberación Nacional (PLN) negó que Stockwell o Barboza fueran contribuyentes o proveedores de sus campañas electorales de 2022 y 2026.
Esta fase del proceso, derivada del anterior "Caso Granero" que llevó a la captura de Vargas García en enero de 2025, podría prolongarse entre dos y tres semanas, aunque el despacho judicial ha reservado hasta un mes para las audiencias necesarias.
