El Congreso Nacional se prepara para recibir en los próximos días el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, un documento que, más allá de ser un simple registro contable de ingresos y egresos, se constituye como la pieza central de la política fiscal del Gobierno. Para diversos analistas y organizaciones civiles, este proyecto es la herramienta que traduce en cifras reales las prioridades del Ejecutivo, revelando la lectura que se hace del contexto económico actual, los problemas que se consideran urgentes y los mecanismos específicos que se pretenden implementar para abordarlos.
Dada la relevancia del Estado en la dinámica económica del país, la Ley de Presupuestos del Sector Público no es considerada una ley cualquiera. Su tramitación está estrictamente regulada por la Constitución, la cual obliga al Presidente de la República a presentar el proyecto con al menos tres meses de anticipación a su entrada en vigencia. Asimismo, el Congreso dispone de un plazo de sesenta días para despachar la normativa; en caso de que no se logre un acuerdo en dicho periodo, rige el texto original presentado por el Ejecutivo. Bajo este calendario, el país conocerá las prioridades gubernamentales a más tardar el 30 de septiembre, mientras que el resultado de la discusión parlamentaria se definirá a finales de noviembre.
En este escenario, ha surgido un llamado urgente para que el presupuesto aborde la crisis de empleo que afecta a las mujeres. Los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) evidencian una brecha preocupante: durante el trimestre comprendido entre abril y junio, la tasa de desocupación femenina alcanzó el 10,4%, cifra que supera el 8,7% registrado en el segmento masculino.
La problemática se profundiza al analizar la participación laboral. Solo el 53,7% de las mujeres en edad de trabajar se encuentra activa en la fuerza laboral, una cifra significativamente menor al 71,3% de los hombres. Además, aquellas mujeres que logran insertarse en el mercado del trabajo lo hacen frecuentemente en condiciones precarias. La tasa de informalidad femenina se sitúa en un 28,9%, superando la tasa masculina y mostrando una tendencia al alza. Esta realidad se resume en un ciclo de menor empleo, menor participación y menor protección social.
Desde la perspectiva de ComunidadMujer, liderada por su directora ejecutiva Cristina Vio, no existe una solución viable a la crisis de empleo sin resolver simultáneamente la crisis de los cuidados. La falta de un sistema de apoyo es señalada como una de las principales barreras que impiden que las mujeres se inserten y, sobre todo, permanezcan en el mercado laboral formal.
Para combatir este obstáculo, se considera indispensable corregir el artículo 203 del Código del Trabajo relativo a las salas cuna. Sin embargo, el análisis advierte que no es suficiente atender únicamente los primeros dos años de vida de los niños y niñas. El país requiere la implementación de una infraestructura de cuidados que abarque todo el ciclo de vida. Este objetivo ya cuenta con un marco legal a través del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, creado por la Ley Chile Cuida, la cual reconoce formalmente el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado.
No obstante, la advertencia es clara: la acumulación de leyes es insuficiente si no vienen acompañadas de un financiamiento adecuado. Sin recursos asignados en el presupuesto, los derechos consagrados en la Ley Chile Cuida corren el riesgo de quedar únicamente en el papel.
Si bien el debate sobre la responsabilidad fiscal es constante, se plantea que los cuidados no deben ser vistos como un gasto, sino como una condición fundamental para el desarrollo económico. Según estimaciones de Clapes UC, cada punto adicional de participación laboral femenina podría sumar aproximadamente un 0,5% al Producto Interno Bruto (PIB). Por lo tanto, en un contexto de bajo crecimiento económico, invertir en infraestructura de cuidados se presenta como una inversión ineludible para el progreso del país.
La atención ahora se centra en el contenido del proyecto que ingresará al Congreso. El análisis posterior se enfocará en determinar qué lugar ocupan los cuidados en las prioridades del gobierno y cómo evolucionará esa prioridad tras el debate legislativo. La expectativa es que la respuesta presupuestaria sea honesta y responda a las necesidades reales de las mujeres.
