El camino de María Corina Machado para liderar la transición política en Venezuela ha encontrado un nuevo obstáculo que, a diferencia de los habituales, no proviene de las maniobras del chavismo gobernante. El contratiempo surge a raíz de un sorpresivo acuerdo firmado entre la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep), el segundo mayor productor de petróleo en Venezuela. Dicha compañía está encabezada por el empresario Alejandro Betancourt, quien comenzó la construcción de su fortuna durante la gestión del fallecido Hugo Chávez.
Este pacto permitirá que Washington disponga de aproximadamente el 20 % de las reservas probadas de crudo venezolano a precio de costo. Desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, este acuerdo ha emergido como el nuevo punto de fricción entre la líder de la oposición y el Gobierno estadounidense. La controversia radica en que el convenio toca un pilar fundamental de la visión económica de Machado: la privatización del sector petrolero mediante licitaciones transparentes y la conversión del Estado en una agencia reguladora del negocio.
Esta situación coloca a Machado frente a un dilema político y económico. Surge la interrogante sobre el destino de un acuerdo de esta naturaleza en caso de que se instale un gobierno derivado de las eventuales elecciones presidenciales contempladas en el plan de tres fases anunciado por el secretario de Estado, Marco Rubio. La viabilidad futura de un pacto firmado bajo estas condiciones es ahora un tema de debate interno.
La postura de la líder opositora sobre la industria energética quedó plasmada en marzo de 2026 durante el evento CERAWeek 2026. En aquella ocasión, promovió a Venezuela como una oportunidad única para los inversionistas, destacando la ubicación estratégica del país en el sur del Caribe, la magnitud de sus reservas de crudo y el potencial de Venezuela para ser clave en la seguridad energética del hemisferio occidental. Machado insistió repetidamente en que para generar confianza en las empresas que arriesguen su capital, es indispensable un proceso de competencia abierta y reglas claras.
Sin embargo, la trayectoria de Nabep en la industria de los hidrocarburos ha seguido un camino opuesto. La empresa, con sede en Barbados, inició sus operaciones con Petróleos de Venezuela en medio de las sanciones impuestas por Estados Unidos a la estatal petrolera. Para mitigar la caída de los ingresos, el gobierno de Maduro implementó los Contratos de Participación Productiva basados en la Ley Constitucional Antibloqueo de 2020, la cual permite la reserva y confidencialidad en la celebración de contratos de interés público.
Esta opacidad ha generado dudas entre expertos del sector, la dirigencia opositora y sectores críticos del chavismo, quienes interpretan el acuerdo como una cesión de la soberanía nacional. De los detalles revelados se sabe que Nabep otorgó al Pentágono una participación del 35 % en su empresa matriz. Además, una hoja informativa de la Casa Blanca reveló que las autoridades venezolanas concedieron a Nabep concesiones por 100 años para explotar 17 campos petroleros, con reservas estimadas en 65.000 millones de barriles.
El documento oficial sostiene que el Departamento de Estado posee derechos preferentes sobre el resto de la producción, facultades de supervisión sobre la gobernanza de la empresa y la aplicación de la legislación y jurisdicción estadounidenses a los acuerdos suscritos. A pesar de esto, ni el gobierno de Estados Unidos ni el interino venezolano han logrado instaurar una narrativa de prosperidad económica basada en la inversión; prevalece la preocupación por las consecuencias de firmar un acuerdo de tal magnitud con autoridades interinas.
Ante este escenario, María Corina Machado ha optado por evitar las críticas directas hacia el presidente Trump. En su primera declaración tras el anuncio, afirmó que Estados Unidos es el socio principal que Venezuela necesita para desarrollar su valor estratégico. No obstante, señaló que "los enemigos de Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores" y subrayó que "las cosas deben hacerse bien", haciendo una referencia abierta a las irregularidades del acuerdo.
A pesar de estas fricciones, tanto el entorno de Machado como la oposición en la mesa de diálogo mantienen la convicción de que la presión de Estados Unidos es la única vía para lograr una transición política. Una fuente cercana a la líder opositora confirmó a CNN que no tienen intención de pelear con Washington, mientras Machado sigue insistiendo en la realización de elecciones libres y transparentes.
Actualmente, la líder opositora busca la manera de regresar a la capital venezolana, objetivo que ha anunciado desde marzo. En junio, un viaje desde Ciudad de Panamá no pudo concretarse debido al cierre del espacio aéreo venezolano, medida que ella atribuyó al gobierno de Delcy Rodríguez. Según fuentes cercanas, su regreso se producirá en el momento adecuado y previa coordinación con Estados Unidos y sus aliados. Esta dependencia del plan de Washington refleja el diagnóstico de la propia Machado: ante el agotamiento de las vías electorales, el cambio depende de una fuerza superior capaz de doblegar al chavismo, personificada en Donald Trump.
