La justicia federal de Río Grande ha dictado una medida que frena el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. La jueza Mariel Borruto dispuso la suspensión del inicio o la continuidad de las obras de exploración y explotación, afectando directamente a las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.
La resolución es amplia: no solo ordena detener las perforaciones y las instalaciones submarinas, sino que también prohíbe cualquier acto financiero destinado a viabilizar la ejecución del proyecto. Esto incluye la prohibición de celebrar nuevos contratos de financiación, recibir desembolsos, efectuar pagos, realizar transferencias, otorgar préstamos entre sociedades vinculadas o constituir garantías sobre activos.
La magistrada aclaró que se trata de una medida de naturaleza cautelar. Esto significa que no representa un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las empresas demandadas ni resuelve el fondo del litigio, el cual permanece pendiente.
Como parte del proceso, el fallo intima a las compañías involucradas a presentar, en un plazo de 10 días, una declaración jurada acompañada de documentación que permita reconstruir el estado actual del proyecto Sea Lion.
Además, la jueza Borruto requirió información al Estado argentino. Solicitó a la Cancillería que informe si estas empresas cuentan o contaron con habilitaciones o permisos de autoridad competente argentina para operar en las Islas Malvinas o en los espacios marítimos de la Plataforma Continental Argentina.
En paralelo, pidió a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental que precise si existen registros de avisos de proyecto, procedimientos de evaluación o certificados de aptitud ambiental emitidos para Sea Lion o sus ampliaciones.
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