La integración de la inteligencia artificial en el entorno laboral de Estados Unidos ha alcanzado niveles significativos. De acuerdo con datos proporcionados por el Pew Research Center, uno de cada cinco trabajadores en el país utiliza actualmente herramientas de IA para desempeñar sus tareas profesionales. Este crecimiento en la adopción tecnológica ha impulsado a diversas entidades estatales a establecer marcos normativos que busquen garantizar un uso responsable de estas herramientas, destacando las acciones tomadas por California, Nueva York y Texas.
El estado de California se ha posicionado como una de las regiones con la normativa más robusta en materia de inteligencia artificial. El 29 de septiembre de 2025, el gobernador Gavin Newsom firmó la Ley SB 53, la cual se identifica como la primera normativa del país centrada específicamente en la seguridad de los llamados modelos de frontera. Bajo esta legislación, los desarrolladores tienen la obligación de publicar anualmente un marco de gobernanza diseñado para evaluar y mitigar posibles riesgos catastróficos.
Además, la Ley SB 53 establece protocolos estrictos de notificación. Los desarrolladores deben informar sobre incidentes de seguridad críticos a la Oficina de Servicios de Emergencia (OES) en un plazo de 15 días. No obstante, en situaciones donde exista un peligro inminente, este reporte debe realizarse en un lapso máximo de 24 horas. Complementando estas medidas, Newsom promulgó el proyecto de ley SB 813, el cual crea un marco legal para evaluar los sistemas y modelos de IA, asegurando que cumplan con la legislación vigente en el estado.
El gobernador Newsom justificó estas medidas a través de un comunicado de prensa, señalando que los incidentes recientes refuerzan la necesidad de implementar salvaguardias efectivas. Según el mandatario demócrata, aunque la inteligencia artificial posee un potencial extraordinario, su desarrollo y aplicación deben proteger la seguridad de la ciudadanía.
A pesar de estos avances regulatorios, existen voces críticas dentro de California. Steve Hilton, candidato republicano a la gobernación, ha manifestado su desacuerdo con estas normativas. A través de redes sociales, Hilton afirmó que Silicon Valley es la casa de la revolución tecnológica y que la industria ha sido una pieza valiosa para el estado. El candidato advirtió que reglas que califica como "ridículas" podrían poner en riesgo el sector y provocar que los empleos se trasladen a otras regiones debido al alto costo de operar bajo tales regulaciones en California. Para contrarrestar esto, Hilton presentó una iniciativa basada en cinco objetivos puntuales para mantener la competitividad tecnológica del estado.
Por otro lado, el estado de Nueva York también ha avanzado en la graduación del uso de la IA. El 11 de diciembre de 2025, la gobernadora Kathy Hochul firmó la Ley SB S8420A, cuya entrada en vigor se estableció 180 días después de su promulgación. Esta ley se enfoca en la transparencia publicitaria, exigiendo que los anuncios revelen de forma clara y visible si se han utilizado actores sintéticos creados mediante IA, siempre que el anunciante tenga conocimiento directo de ello. El incumplimiento de esta norma conlleva multas civiles de US$1000 por la primera infracción y US$5000 para las siguientes. Asimismo, Nueva York considera el RAISE Act, un proyecto de ley dirigido a regular modelos de frontera cuyos desarrolladores hayan invertido más de US$100 millones en cómputo.
En Texas, el enfoque combina la promoción del desarrollo tecnológico con la regulación administrativa. El estado ha realizado grandes inversiones en infraestructura para fomentar la IA, pero el 1 de enero de este año entró en vigor la Ley HB 149. Esta norma impone disposiciones a las entidades que desarrollen, distribuyan o implementen sistemas de IA en el estado. Las infracciones no corregidas a tiempo pueden derivar en multas administrativas de entre US$10.000 y US$12.000. Si la entidad persiste en la conducta infractora, se aplicarán sanciones diarias que oscilan entre los US$2000 y los US$40.000.
Adicionalmente, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha tomado medidas respecto a la infraestructura energética. Abbott instruyó a la Comisión de Servicios Públicos de Texas (PUCT) y a ERCOT a realizar una auditoría exhaustiva de los proyectos de conexión a la red eléctrica, suspendiendo las nuevas aprobaciones de interconexión para centros de datos. El gobernador enfatizó que su prioridad es proteger la seguridad y la calidad de vida de los texanos, advirtiendo que cualquier proyecto que no cumpla con los requisitos de la PUCT, ERCOT o la ley estatal no podrá conectarse a la red eléctrica.
