Un reciente informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) advierte que el gasto primario de la Administración Pública Nacional (APN) podría experimentar durante el año 2026 la caída más significativa de los últimos tres ejercicios. Esta proyección se produce en un marco económico complejo, donde la recaudación tributaria del Gobierno nacional ya refleja una caída real interanual del 5% en el periodo comprendido entre enero y agosto de 2026.
De acuerdo con las estimaciones del IARAF, organización liderada por el economista Nadin Argañaraz, si se mantiene el ritmo de reducción real observado hasta el mes de agosto durante el último cuatrimestre del año, el gasto primario cerraría el 2026 en un nivel equivalente al 12,4% del Producto Bruto Interno (PBI). Esta cifra representa el peso del gasto público respecto al tamaño total de la economía argentina.
El impacto de esta tendencia sería notable al compararlo con periodos anteriores. El informe señala que, de concretarse esta proyección, se registraría una caída de 5,4 puntos porcentuales en relación con los niveles de 2023. Este dato es particularmente relevante ya que superaría los ajustes realizados en los años previos: en 2024, la reducción del gasto había sido de 4 puntos porcentuales respecto a 2023, mientras que en 2025 la baja se situó en 4,6 puntos. En consecuencia, la reducción acumulada del gasto primario alcanzaría aproximadamente los 14 puntos porcentuales del PBI en un lapso de tres años.
En paralelo, el gobierno de Javier Milei mantiene compromisos internacionales estrictos. La administración nacional se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a alcanzar una meta de superávit primario equivalente al 1,4% del PBI para el presente año. Al analizar los primeros siete meses del ejercicio, las cuentas públicas muestran un superávit primario cercano al 0,9% del PBI, mientras que el superávit financiero se ubicó en aproximadamente un 0,1%.
El análisis detallado del IARAF revela que, entre enero y agosto de 2026, el gasto primario registró una caída real del 32% en comparación con el mismo lapso de 2023. Sin embargo, este ajuste no ha sido uniforme en todas las áreas de la Administración Pública Nacional. Los recortes más profundos se concentraron en rubros específicos: las transferencias a provincias y municipios sufrieron una caída del 86,6%, los bienes de uso descendieron un 83,6%, las transferencias a otras entidades del Sector Público Nacional —que incluyen fondos fiduciarios y empresas públicas— bajaron un 62,1%, y las transferencias al sector privado, referidas a subsidios económicos, cayeron un 59,3%.
Por el contrario, otros sectores del gasto han mostrado una mayor resistencia al recorte. Las jubilaciones y pensiones, que constituyen el componente principal del gasto de la APN, registraron la disminución más moderada, con una caída del 8,2%. Por su parte, los gastos destinados a personal (-28,9%) y las asignaciones familiares y ayudas sociales a personas (-30,6%) presentaron variaciones alineadas con el promedio de la caída del gasto primario total.
El informe subraya la importancia de analizar el gasto devengado de la APN para obtener una medición precisa de la caída real de sus componentes. Según el IARAF, este enfoque metodológico permite aislar el efecto de la postergación de los pagos, un factor que suele distorsionar los datos cuando se analiza el gasto pagado y se considera la deuda flotante. Asimismo, este análisis permite identificar con exactitud el origen del ajuste, distinguiendo los recortes directos de aquellos realizados en las fuentes de financiamiento de universidades nacionales, provincias, municipios y otras entidades del sector público.
Finalmente, el estudio concluye que una parte sustancial del ajuste no ha sido absorbida directamente por la estructura central del gobierno. El IARAF calculó que el 42% de la caída del gasto primario de la APN se explica por la disminución de los giros hacia otras jurisdicciones y entidades del sector público, incluyendo a las universidades nacionales y a los gobiernos locales. Esto implica que son dichos organismos los que deben afrontar el impacto del ajuste de manera directa, a menos que logren incrementar su financiamiento propio o reduzcan otros gastos operativos.
