El Partido Pueblo Soberano (PPSO) se encuentra en una posición vulnerable debido a las graves acusaciones que pesan sobre el diputado Fernando Obaldía, legislador por la provincia de Alajuela. Lo sucedido con el parlamentario podría acarrear fuertes consecuencias para la organización política, especialmente considerando el peso actual de la fracción en el Congreso.
La crisis se desencadenó a raíz de las denuncias presentadas por tres funcionarias legislativas. Dos de ellas han denunciado al diputado por presunto acoso predatorio, mientras que una tercera funcionaria ha presentado una denuncia por supuesto acoso laboral. Los testimonios detallan conductas alarmantes y una atmósfera de intimidación dentro del entorno laboral legislativo.
De acuerdo con las declaraciones, una de las denunciantes afirmó que el legislador Obaldía le realizó preguntas intrusivas y explícitas sobre su vida sexual y la ropa interior que utilizaba. Por su parte, otra de las víctimas aseguró que el diputado tocó su brazo y su pierna sin haber recibido consentimiento previo. Además, la funcionaria señaló que Obaldía emitía comentarios de índole sexual tanto hacia ella como hacia otra compañera de trabajo, utilizando expresiones como “Vea qué buena esa res”.
La gravedad de los hechos se intensifica con la denuncia de una presunta amenaza directa. Según el testimonio, el diputado habría advertido a la funcionaria: “No diga nada porque si no la guindo”, lo que sugiere un intento de silenciar a las víctimas mediante el miedo.
En medio de este escenario, el Partido Pueblo Soberano, que actualmente cuenta con la presidencia del Congreso en la figura de Yara Jiménez, se enfrenta a diversas rutas de acción. Hasta el momento, la organización parece haberse inclinado por iniciar procesos inmediatos, aunque se ha percibido un desbalance en el manejo de casos similares. Mientras que el partido anunció una acción rápida contra Obaldía, no ocurrió lo mismo con el caso de Villalobos, a pesar de que la existencia de una denuncia contra este último se conocía desde hacía casi un mes.
La presidenta legislativa, Yara Jiménez, confirmó el pasado 10 de setiembre la apertura del proceso contra Obaldía, apenas unos días después de que se hicieran públicas las denuncias de las funcionarias. Sin embargo, el PPSO enfrenta un dilema estratégico: el partido no puede permitirse perder un diputado, ya que sus aspiraciones hegemónicas requieren mantener la mayor cantidad de votos posible dentro del plenario.
A pesar de esto, la fracción oficialista ha mostrado una postura distinta respecto a Obaldía en comparación con la medida mesurada aplicada a Villalobos. Nogui Acosta, jefe de fracción, manifestó su preocupación por los hechos imputados a Obaldía y subrayó que el diputado debe responder por lo sucedido.
Un aspecto técnico relevante en este proceso es que la conformación de la comisión investigadora contra Obaldía por presunto hostigamiento sexual no requiere de la aprobación del plenario. Esto contrasta con el proceso por supuesta violencia política contra Villalobos, el cual sí necesita el visto bueno del pleno de diputados, donde el PPSO ostenta la mayoría.
No obstante, el punto más delicado de la controversia radica en que tanto el PPSO como el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, tenían conocimiento de al menos uno de los casos de presunto acoso predatorio desde el mes de mayo. Una de las funcionarias relató que el hostigamiento comenzó en el primer mes del gobierno actual y que informó la situación al jefe de fracción, Nogui Acosta, quien aparentemente realizó gestiones para trasladarla de oficina.
La denunciante aseguró que, posterior a su conversación con el jefe de la bancada, recibió una llamada directa del ministro Rodrigo Chaves. Según el relato de la víctima, el ministro le preguntó: “me contaron una situación que pasaste, cómo estás, contame qué te hizo”. Ante esto, la funcionaria evitó entrar en detalles, limitándose a decirle que el diputado le hacía “comentarios asquerosos” y aclarando que sabía que la llamada no era solo por preocupación, sino para saber si ella hablaría sobre el asunto.
En dicha conversación, la funcionaria reiteró que su única petición era ser retirada de ese entorno laboral. Ante esto, el ministro Rodrigo Chaves le habría planteado la siguiente opción: “me dijo que pensara si no quería seguir en la Asamblea, me pasa para un ministerio”.
Este hecho coloca al oficialismo en una posición comprometida. Aunque podrían alegar que la víctima no presentó la denuncia formalmente sino hasta el mes de setiembre, la existencia de una llamada telefónica y un ofrecimiento de traslado a un puesto gubernamental demuestra que el Ejecutivo y la fracción tenían conocimiento previo de la situación.
