En un balance detallado presentado este domingo 13 de septiembre de 2026, las autoridades bolivianas informaron que el Estado ha logrado generar una afectación económica cercana a los 100 millones de dólares estadounidenses a las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Este resultado es el producto de una intensa actividad operativa desplegada durante los últimos nueve meses, periodo en el cual se ejecutaron un total de 8.116 operativos en diversas regiones del país.
La estrategia implementada busca trascender la simple intercepción de cargamentos, enfocándose ahora en desmantelar la estructura financiera, logística y material de las redes criminales. Este enfoque se enmarca dentro de la "Política Antidroga 2026-2030", un plan integral que cuenta con el respaldo y seguimiento de organismos internacionales de prestigio, específicamente la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
De acuerdo con el informe oficial, la nueva hoja de ruta contra el crimen organizado se fundamenta en nueve ejes estratégicos. Entre los pilares más destacados se encuentran la inteligencia financiera, la incautación de bienes, la interdicción, el control estricto de sustancias químicas y la erradicación responsable de los cultivos de coca. El objetivo central de estos ejes es atacar la capacidad operativa de las bandas, limitando sus recursos y expulsando del territorio nacional a los cabecillas y coordinadores de estas actividades ilícitas.
En cuanto a los resultados operativos, las cifras reflejan un impacto considerable en la cadena de producción y distribución. Se reportó la incautación de un total de 399 toneladas de droga. Al desglosar estas cifras, el Gobierno precisó que se decomisaron más de 16,5 toneladas de cocaína, incluyendo tanto pasta base como clorhidrato, mientras que la mayor cantidad corresponde a la marihuana, con más de 377 toneladas secuestradas.
El despliegue de las fuerzas antidroga no solo se centró en la sustancia, sino también en la infraestructura necesaria para su elaboración. Las autoridades confirmaron la destrucción de 468 fábricas de droga, así como de 93 laboratorios destinados a la cristalización y el reciclaje de estupefacientes. Asimismo, se neutralizaron 14 pistas de aterrizaje clandestinas, las cuales son fundamentales para el traslado de sustancias hacia mercados internacionales.
El impacto humano de los operativos también fue significativo. El saldo de las 8.116 intervenciones resultó en la aprehensión de 2.333 personas vinculadas a diversas etapas del negocio del narcotráfico. Paralelamente, el Estado procedió al secuestro de activos que representaban el músculo logístico de estas organizaciones, contabilizando la incautación de 66 avionetas, 672 vehículos y 420 inmuebles.
Un punto crítico de la estrategia ha sido la identificación y expulsión de individuos considerados "blancos de alto valor". El Gobierno Central informó que 17 criminales de alta jerarquía fueron expulsados del país. Según las investigaciones, estos sujetos mantenían vínculos directos con organizaciones criminales transnacionales de gran peligrosidad, específicamente el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho.
Finalmente, el informe subraya que la pérdida económica de cerca de 100 millones de dólares impacta directamente en la logística, las propiedades y los insumos de los narcotraficantes. Con la aplicación de la Política Antidroga 2026-2030, el Gobierno boliviano pretende consolidar un cambio de paradigma en la lucha contra el tráfico de drogas, priorizando el debilitamiento de la estructura económica para restringir la capacidad de estas organizaciones de operar y expandir su influencia tanto dentro del país como en la región.
