La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ha emitido un fallo contundente en el que mantiene vigente la orden de captura contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) de Colombia. El exfuncionario, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia colombiana, reside bajo la protección del asilo político concedido por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
La decisión judicial se produjo tras una audiencia convocada el pasado 10 de septiembre de 2026, la cual fue atendida de manera virtual por González Merchán. El propósito del encuentro legal era resolver un recurso de apelación interpuesto por la defensa del exdirector del Dapre, quien buscaba que la justicia colombiana reconsiderara las medidas restrictivas impuestas en su contra basándose en su situación migratoria y política actual en territorio nicaragüense.
Durante el desarrollo de la audiencia, el magistrado Efraín Adolfo Bermúdez fue el encargado de impartir el fallo. El juez mantuvo la orden de captura, aunque aclaró un punto técnico fundamental respecto a la medida de aseguramiento. El magistrado señaló que dicha medida continúa vigente, pero precisó que aún no ha comenzado a ejecutarse. Según la argumentación del tribunal, no es momento de discutir una nueva prórroga de la medida de aseguramiento debido a que no ha transcurrido el primer año desde su imposición original. El tribunal determinó que los términos correspondientes a la medida de primera instancia comenzarán a correr únicamente en el momento en que se haga efectiva la captura del procesado.
Uno de los puntos centrales del debate jurídico fue la alegación de la defensa de González Merchán, quienes sostuvieron que el asilo político otorgado por el gobierno de Nicaragua debía ser un factor determinante al evaluar la vigencia de la medida de aseguramiento. No obstante, el Tribunal Superior de Bogotá rechazó tajantemente que la protección brindada por el Estado nicaragüense tenga efectos legales sobre una orden de captura emitida por las autoridades judiciales de Colombia.
El magistrado Bermúdez fue enfático al explicar que el tribunal no tiene la competencia ni la obligación de pronunciarse sobre la legalidad del asilo concedido por Managua. En su lugar, subrayó que la concesión de asilo político no tiene incidencia alguna frente a las decisiones judiciales internas de Colombia. El magistrado explicó que la orden de captura es una decisión emanada de las autoridades judiciales colombianas que mantiene su plena vigencia dentro del ordenamiento jurídico nacional, y que su eficacia no desaparece simplemente porque otro Estado haya decidido otorgar protección al ciudadano.
Asimismo, el magistrado aclaró que, si bien el asilo puede generar efectos en el plano de las relaciones internacionales o influir en un eventual trámite de extradición, no tiene la capacidad jurídica de extinguir, modificar o dejar sin efecto una medida cautelar impuesta por la justicia colombiana.
Este proceso judicial se enmarca en uno de los mayores escándalos de corrupción del Gobierno colombiano. La orden de captura contra Carlos Ramón González fue emitida originalmente en julio de 2025, fecha en la que un juez ordenó su detención preventiva. Se le acusa de una presunta participación en el desvío de recursos provenientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la Fiscalía General de la Nación, González Merchán, aprovechando su cargo como funcionario, habría promovido y dirigido un acuerdo ilícito con el objetivo de ofrecer contratos y sumas de dinero a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, buscando así asegurar el apoyo legislativo para diversas iniciativas impulsadas por el gobierno nacional.
Por su parte, Carlos Ramón González Merchán ha rechazado sistemáticamente todas las acusaciones en su contra, sosteniendo que las acciones judiciales en Colombia forman parte de una persecución política. El exfuncionario permanece refugiado en Managua, donde recibió el asilo político en agosto de 2025, a pesar de que Colombia presentó formalmente una solicitud de extradición para que responda ante la ley por los cargos de corrupción imputados.
