El ministro Astudillo compareció recientemente ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso, donde expuso una serie de problemáticas críticas que afectan la seguridad ciudadana y la operatividad de la Policía Nacional del Perú (PNP). Durante su intervención, el titular de la cartera centró gran parte de su discurso en la necesidad urgente de implementar marcos legales más severos para combatir las extorsiones, un delito que, según detalló, está afectando de manera masiva a la población, con un impacto particularmente fuerte en los sectores socioeconómicos medios y bajos.
En un análisis sobre los factores que facilitan la criminalidad, Astudillo lanzó duras críticas contra las empresas de telefonía móvil. El ministro señaló que estas compañías no están fiscalizando adecuadamente la venta de chips, lo que permite que los delincuentes adquieran tarjetas SIM de forma irrestricta y anónima. Esta vulnerabilidad es aprovechada por las organizaciones criminales para lanzar amenazas de muerte a sus víctimas, exigiendo el pago de cupos en diversos montos sin dejar un rastro claro de su identidad. El funcionario fue enfático al afirmar que la falta de información oportuna sobre quiénes son los compradores reales de estos dispositivos impide que la Policía pueda rastrear a los extorsionadores, neutralizando así los esfuerzos de inteligencia.
Asimismo, el ministro cuestionó la gestión de la Asociación de Bancos en relación con la lucha contra el crimen organizado. Astudillo reveló que existe una demora considerable, que puede alcanzar hasta los cinco días, para que dicha entidad entregue a la Policía Nacional los registros de video de las cámaras de seguridad ubicadas en los cajeros automáticos. Esta tardanza ocurre incluso después de que se ha reportado formalmente un cobro extorsivo, lo que dificulta la identificación rápida de los sospechosos y la recolección de evidencia en tiempo real.
En cuanto al manejo de la delincuencia extranjera, el ministro informó que hasta la fecha han sido repatriadas 1,635 personas, cifra que engloba tanto a ciudadanos indocumentados como a delincuentes ya condenados. Sobre este punto, Astudillo señaló que el gobierno proyecta ejecutar deportaciones masivas utilizando la vía marítima, proceso que se encuentra actualmente en coordinación con el gobierno de Venezuela para su ejecución.
Respecto a la capacidad operativa de las fuerzas del orden, el ministro puso de manifiesto la precaria situación de la Aviación Policial, describiéndola como una unidad desmantelada. Ante este escenario, expuso la necesidad imperativa de adquirir dos aviones Antonov y cuatro helicópteros para recuperar la capacidad de despliegue aéreo. Sin embargo, reconoció que el presupuesto es limitado, por lo cual propuso una medida de austeridad estructural: reducir el número de escuelas de suboficiales de 18 a 10.
Astudillo explicó que este recorte en la formación académica permitiría redirigir los recursos hacia áreas más urgentes. En ese sentido, detalló que su ministerio requiere urgentemente la adquisición de medios tecnológicos, laboratorios, vehículos, armamento, municiones y herramientas especializadas para realizar operaciones de Inteligencia, elementos fundamentales para enfrentar la sofisticación del crimen actual.
La comparecencia también sirvió para ventilar graves problemas internos dentro de la institución policial. El ministro reveló la existencia de denuncias por corrupción al interior de la Sanidad Policial y el Fondo de Vivienda de la PNP. Además, puso sobre la mesa la detección de irregularidades en los procesos de adquisición de equipo básico y táctico, específicamente en la compra de pistolas y chalecos antibalas destinados a los efectivos policiales.
Finalmente, el ministro Astudillo se convirtió en el centro de las críticas de los legisladores debido a sus declaraciones sobre la violencia urbana. Ante los reportes de muertes causadas por sicarios que se registran casi a diario, el funcionario afirmó que no es que los homicidios hayan sobrepasado la capacidad del Estado, sino que existe una "percepción mediática" que se alimenta y se transmite cotidianamente, sugiriendo que la magnitud del problema es amplificada por los medios de comunicación.
