Adrián Iturri, quien se desempeñó como jefe de operativos de la Dirección de Orden y Seguridad del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija (GAMT), se encuentra actualmente en el centro de un proceso judicial luego de haber sido señalado por presuntos cobros irregulares. En las últimas horas, la defensa del exfuncionario ha manifestado su intención de buscar una salida alternativa al proceso legal, centrando sus esfuerzos en la reparación de los daños causados a las víctimas que presentaron las denuncias en su contra.
Los hechos que originaron el proceso judicial se remontan al pasado 31 de julio de 2026, fecha en la que Iturri fue aprehendido. Esta acción fue el resultado de al menos cuatro denuncias formales interpuestas por propietarios de locales y diversos negocios de la ciudad. Según los testimonios de los afectados, el ahora suspendido funcionario habría solicitado y recibido pagos irregulares a cambio de evitar la aplicación de multas y sanciones durante los operativos municipales de control y seguridad.
Debido a la naturaleza de estas acusaciones, el hecho fue tipificado bajo el presunto delito de concusión. Durante el desarrollo de su audiencia cautelar, el juez determinó la aplicación de medidas sustitutivas en lugar de la detención preventiva. Estas medidas consisten específicamente en la obligación de Iturri de apersonarse cada lunes ante el Ministerio Público y la prohibición estricta de concurrir a cualquier dependencia municipal. Cabe destacar que la Fiscalía intentó revertir esta decisión mediante una apelación para solicitar la detención preventiva del imputado; sin embargo, una sala penal ratificó la resolución inicial, permitiéndole permanecer en libertad bajo las condiciones establecidas.
Paralelamente al proceso judicial, surgió una controversia respecto a la conducta procesal de Iturri. El pasado viernes circularon versiones que aseguraban que se había llevado a cabo un allanamiento en su vivienda y que el procesado no había sido hallado en el lugar, lo que sugirió un posible intento de evasión de la justicia. Ante estas afirmaciones, Iturri salió a desmentir públicamente que haya intentado darse a la fuga este lunes, asegurando que su voluntad es cooperar plenamente con la investigación en curso.
El exfuncionario explicó que la confusión respecto a su paradero se debe a un cambio de domicilio ocurrido en el mes de febrero, motivado por el vencimiento de su contrato de alquiler. Iturri enfatizó que la dirección de su nueva residencia ya figura correctamente en los actuados del proceso judicial, por lo que no existe razón para cuestionar su ubicación. “Estoy cumpliendo todas las medidas que ha determinado un juez. No me estoy dando a la fuga”, afirmó el imputado, quien además expresó su preocupación por el impacto de estas versiones en su entorno familiar. Asimismo, solicitó que no se tergiversen los hechos y manifestó que, si hubo algún error, está en proceso de repararlo, asegurando que no se está haciendo el desentendido de sus responsabilidades.
En cuanto a la estrategia legal, su abogado, Limbert Martínez, informó que ya se ha establecido contacto con los representantes de los denunciantes. El objetivo primordial de estas gestiones es concertar una reparación del daño económico y moral a quienes se vieron afectados por los presuntos cobros irregulares. De concretarse este acuerdo, la defensa solicitará formalmente una salida alternativa ante la Fiscalía y el juzgado a cargo del caso, lo que podría evitar que el proceso llegue a un juicio oral y público.
Finalmente, el jurista Limbert Martínez reveló que este no es el único proceso que enfrenta Adrián Iturri. El abogado señaló que este constituye el segundo proceso iniciado contra su defendido, siendo el primero datado en diciembre de 2025. No obstante, aclaró que sobre dicho proceso anterior no existe ninguna solicitud de medidas cautelares vigente, centrándose ahora la atención jurídica en resolver la situación derivada de las denuncias por concusión en el municipio de Tarija.
