El Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha emitido un fallo mediante el cual rechazó un amparo de garantías constitucionales interpuesto contra la orden de indagatoria emitida por el Ministerio Público. Dicha medida legal afectaba a Ali Zaki Hage Jalil, quien se encuentra procesado por su presunta participación en el atentado terrorista que provocó la explosión del vuelo 901 de la aerolínea Alas Chiricanas.
Los hechos que originan este proceso judicial se remontan al 19 de julio de 1994, fecha en la que la aeronave explotó poco después de haber despegado de la provincia de Colón con destino a la ciudad de Panamá. Esta tragedia resultó en la muerte de las 21 personas que se encontraban a bordo en aquel momento.
El fallo judicial, que lleva la firma del magistrado Carlos Vásquez, es contundente al señalar que la estrategia de la defensa pretendía que el Pleno de la Corte actuara como una tercera instancia procesal. El objetivo era revisar la decisión tomada por la fiscal Geomara Guerra, quien había ordenado la indagatoria contra el procesado el pasado 19 de diciembre de 2022.
Durante el proceso, el abogado José Acevedo, quien ejerce la defensa de Hage Jalil, presentó diversos argumentos para intentar anular la orden. El defensor alegó que, para el momento en que se emitió la orden de indagatoria, ya habían transcurrido 28 años desde que ocurrió la explosión del avión, razón por la cual sostuvo que la acción penal ya había prescrito. Adicionalmente, la defensa argumentó que a su representado se le están atribuyendo delitos que no se encontraban tipificados en la legislación vigente al momento de producirse la explosión en 1994.
Sin embargo, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia aclaró en su resolución que tanto el juzgado de primera instancia como el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales ya habían examinado y evaluado detalladamente esos argumentos previos. En consecuencia, la Corte sostuvo que el recurso de amparo no puede ser utilizado como una vía para revisar nuevamente lo decidido por ambos tribunales, ya que esto desnaturalizaría la figura jurídica del amparo.
Además de los argumentos sobre la instancia, la Corte consideró que la acción presentada por la defensa era extemporánea. El fallo detalla que, si bien la orden de indagatoria con la que se reabrió la investigación fue dictada en diciembre de 2022, la defensa no presentó el amparo sino hasta el 17 de julio de 2026.
Para sustentar esta decisión, el tribunal hizo referencia al artículo 2615 del Código Judicial, el cual permite interponer un amparo contra órdenes de hacer o de no hacer que vulneren derechos y garantías fundamentales, siempre que la gravedad y la inminencia del daño requieran una revocación inmediata. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, para evaluar dicha inmediatez se utiliza un plazo de referencia de tres meses, aunque se admiten excepciones. En este caso particular, la Corte determinó que la demanda carecía del elemento de urgencia y no demostró la gravedad o inminencia del daño que justificara una revocación inmediata del acto impugnado.
En cuanto al historial de detención, Ali Zaki Hage Jalil fue localizado en la isla de Margarita, donde había residido durante varios años. Su detención se concretó el 6 de noviembre de 2025. Sobre este operativo, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, informó que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) brindó colaboración a las autoridades panameñas en el desarrollo de la investigación.
Posteriormente, el gobierno de Venezuela autorizó la entrega del procesado, quien llegó extraditado a territorio panameño el 20 de abril de 2026. El 27 de abril de ese mismo año, Hage Jalil compareció ante la Fiscalía Superior de Descarga para la diligencia de indagatoria, momento en el cual decidió acogerse a su derecho constitucional de no declarar.
El proceso ha seguido avanzando en el ámbito judicial. El 2 de junio de 2026, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales declaró que el proceso es una causa compleja, otorgando así al Ministerio Público un año adicional para concluir las investigaciones pertinentes. Actualmente, el expediente se sigue contra tres personas por la presunta comisión de los delitos de homicidio doloso y delitos contra los medios de transporte y comunicación. Esta calificación de causa compleja fue confirmada por la Sala Penal de la Corte mediante una resolución emitida el 7 de agosto de 2026.
