El Gobierno de Venezuela ha salido al paso para asegurar que el Estado mantiene la propiedad y el control total de sus recursos petroleros, a pesar de la reciente firma de un acuerdo con Estados Unidos destinado al desarrollo de una quinta parte de las reservas de crudo presentes en el territorio nacional. Esta aclaratoria surge en un contexto de tensiones narrativas sobre la naturaleza del pacto y el control real sobre los hidrocarburos.
La ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, fue la encargada de sostener que los recursos ubicados en el subsuelo continúan perteneciendo estrictamente a Venezuela. Durante sus declaraciones, la funcionaria negó rotundamente que el convenio firmado implique cualquier tipo de pérdida de soberanía nacional. En su lugar, Henao explicó que se trata de un acuerdo de carácter estrictamente comercial, el cual ha sido diseñado con el propósito fundamental de facilitar la llegada de inversiones extranjeras y la implementación de nueva tecnología en la industria extractiva.
Sin embargo, esta versión contrasta significativamente con las afirmaciones realizadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario estadounidense sostuvo que el pacto garantiza que Estados Unidos posea el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas. En una declaración posterior, Trump fue más allá al calificar el acuerdo como un regalo de Venezuela para el pueblo estadounidense, sugiriendo una transferencia de beneficios y control hacia su país.
Ante estas aseveraciones, la ministra Henao respondió que el aporte real de Venezuela consiste en garantizar un suministro confiable de energía. Asimismo, la funcionaria anunció que el convenio será presentado formalmente ante la Asamblea Nacional para su revisión, aunque evitó proporcionar una fecha específica sobre cuándo se llevará a cabo dicho trámite legislativo.
En cuanto a los detalles técnicos y operativos, el acuerdo tendrá una vigencia establecida de 25 años. El plan de trabajo contempla el desarrollo de 17 campos petroleros, con la meta ambiciosa de alcanzar una producción superior a los 1,5 millones de barriles diarios. Esta cifra representa un punto clave para la estrategia energética del país, buscando revertir la tendencia a la baja en la extracción de crudo.
Para poner estas metas en perspectiva, Venezuela produce actualmente un promedio de 1.236.000 barriles por día. El gobierno proyecta que, mediante la ejecución de este plan, se pueda llegar a una producción de 1,4 millones de barriles al cierre del año 2026. A pesar de estas proyecciones, ambas cifras se mantienen considerablemente por debajo de los niveles registrados en el año 1998, cuando el país alcanzaba una producción de 3,1 millones de barriles diarios.
El aspecto corporativo del acuerdo revela que la gestión de los campos fue asignada a la empresa North American Blue Energy Partners, conocida comúnmente como Nabep. Un detalle relevante de la estructura de esta compañía es que Nabep entregó al Pentágono una participación accionaria del 35%, vinculando así la operación comercial con intereses del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Finalmente, la figura de Alejandro Betancourt, quien dirige la compañía Nabep, ha generado atención debido a sus antecedentes legales. Betancourt ha sido sujeto de investigaciones en España y Suiza, donde se le vincula con presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Estas investigaciones internacionales añaden una capa de complejidad al perfil de la empresa responsable de ejecutar el desarrollo de los 17 campos petroleros asignados en el convenio.
