El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se encuentra actualmente en una compleja situación política y gremial, quedando atrapado en un "fuego cruzado" entre las demandas de los trabajadores estatales y la creciente disconformidad en el sector docente. La presión de las bases sindicales ha comenzado a afectar incluso a los gremios que mantenían una relación cordial con la gestión provincial, obligándolos a exigir la reapertura de las negociaciones salariales.
En primer lugar, la conducción de ATE provincia de Buenos Aires ha formalizado un pedido ante el gobierno provincial para que se active la cláusula de revisión salarial. Dicha cláusula estaba estipulada para el mes de septiembre dentro del marco de la paritaria estatal bonaerense. Este pedido surge tras el último cierre paritario, que otorgó un incremento del 7% distribuido en dos tramos, correspondientes a los meses de julio y agosto, para los trabajadores y docentes dependientes del ejecutivo provincial.
En la presentación realizada ante el Ministerio de Trabajo provincial, ATE dirigió fuertes críticas hacia el esquema fiscal implementado por el gobierno nacional de Javier Milei. El gremio señaló que el recorte en las transferencias nacionales está "ahogando" a la provincia. Asimismo, destacaron que el impacto inflacionario reflejado en los aumentos de las tarifas de transporte, luz, gas y agua hace que sea imposible para los trabajadores estatales bonaerenses llegar a fin de mes. No obstante, en dicha presentación se omitió mencionar que los incrementos en las tarifas de los servicios públicos dentro de la provincia de Buenos Aires son autorizados por el propio ejecutivo bonaerense.
ATE también subrayó un cuadro alarmante respecto a la situación financiera de los empleados públicos, haciendo hincapié en un "gravísimo nivel de endeudamiento". Según el sindicato, los trabajadores están recurriendo al crédito no para la adquisición de bienes durables, sino para cubrir gastos corrientes básicos, tales como alimentos y alquileres. Ante este escenario, le reclamaron a Kicillof que realice un esfuerzo financiero para contener la caída del poder adquisitivo, considerando además que una parte importante de las deudas contraídas por los trabajadores ha sido gestionada a través de la banca pública bonaerense.
Paralelamente, la tensión se ha trasladado con fuerza al ámbito educativo. Mientras que los sindicatos que integran el Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense mantienen una "buena sintonía" con el gobernador, ha crecido la adhesión de los maestros hacia un gremio disidente: la Asociación de Maestros de la provincia de Buenos Aires. Este sindicato ha convocado a un paro docente de 48 horas, con movilizaciones incluidas, que se llevará a cabo los días lunes 7 y martes 8 de septiembre.
El detonante de esta medida de fuerza es el monto percibido por los maestros en el segundo tramo del aumento salarial cobrado en septiembre. Según detalló el gremio disidente, el incremento representó apenas $9.762 en el bolsillo de los docentes. El desglose de esta suma es el siguiente: $6.536 en concepto de sueldo básico, $2.652 como sumas no remunerativas y solo $574 bajo el concepto de incentivo en el sueldo de agosto. Para la Asociación de Maestros, este monto es calificado como una "vergüenza".
Las críticas de este sector no solo se dirigen al gobernador, sino también hacia sus pares del Frente Gremial de Unidad Docente. Los acusan de haber cerrado paritarias en perjuicio de los maestros y de haberse convertido en "correas de transmisión de las políticas de ajuste del gobernador Kicillof". En declaraciones brindadas a MDZ, Claudio Vigne, Secretario General de la Asociación de Maestros de la provincia de Buenos Aires, denunció que el gobierno mantiene a los docentes en situación de pobreza mientras destina recursos a obras de infraestructura vial que son cuestionadas ambientalmente. Vigne afirmó que al gobierno solo le interesa hacer negocios con la obra pública, dejando de lado la escuela porque en ella "no puede desviar fondos". El secretario general remarcó que en una provincia rica no pueden existir docentes pobres y exigió la reapertura inmediata de la paritaria docente.
Este escenario coloca a Axel Kicillof en una encrucijada política. Mientras sostiene un discurso de confrontación permanente contra los recortes de fondos del gobierno nacional, las bases trabajadoras se revelan al notar que sus salarios son insuficientes para cubrir el mes. Esta situación ha generado una "olla a presión" que amenaza con estallar tanto en la gobernación como dentro de los propios gremios estatales, que han pasado de ser aliados a enfrentar una crisis de representación que ya provoca desafiliaciones a gran escala.
