En una jornada que consolida el control absoluto del poder en Nicaragua, el pasado martes 1.º de septiembre se aprobó una reforma constitucional que veta definitivamente a la oposición de los procesos electorales. Esta medida cimenta la permanencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo como "copresidentes" de manera indefinida, cerrando las puertas a cualquier alternativa democrática y empujando a gran parte de la población al silencio o al exilio.
Mientras la estructura legal se ajustaba para eliminar la competencia electoral, el régimen mostró un respaldo particular por parte de sectores religiosos. El 20 de agosto, diversos pastores evangélicos y líderes de fe se reunieron en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua para manifestar su apoyo a las reformas. A través del sitio web de la Asamblea Nacional, se informó que este sector consideró que la reforma fortalecería la democracia, los valores cristianos y la "voluntad popular", la cual es interpretada por ellos como la "voluntad de Dios".
Entre los respaldos destacados se encuentran los del pastor Francisco Tinoco, de la Federación de Iglesias Evangélicas (Fienic), quien afirmó que la reforma garantiza el desarrollo y el bien del país, y Omar Duarte, de Ríos de Agua Viva, quien reiteró su apoyo a los copresidentes. Sin embargo, estas declaraciones contrastan drásticamente con la realidad de la persecución religiosa documentada internacionalmente.
Según el informe "Nicaragua: Una iglesia perseguida", elaborado por la abogada Martha Patricia Molina, se han registrado al menos 1.010 agresiones contra la Iglesia Católica entre 2018 y 2025, incluyendo confiscaciones, prohibiciones de ritos y asedio a religiosos. Esta represión no se limita al catolicismo; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que la violencia se intensificó en 2023, y solo durante 2024 se canceló la personería jurídica de más de 60 iglesias o asociaciones evangélicas. Para 2025, el Colectivo Nicaragua Nunca Más estimaba que 261 personas religiosas habían sido exiliadas y 1.294 organizaciones religiosas habían perdido su personería jurídica.
El análisis de este fenómeno sugiere que el régimen utiliza una estrategia de cooptación y control. Rosario Murillo ha promovido la idea de una "Nicaragua cristiana, socialista y solidaria", vinculando la fe con la "soberanía" para justificar la expulsión de la oposición. Juan Carlos Gutiérrez, politólogo y sociólogo exiliado, explica que la represión contra la Iglesia Católica busca controlar el poder simbólico y la capacidad de generar mensajes críticos desde las parroquias.
A diferencia de la Iglesia Católica, que posee una estructura vertical y unificada que responde al Vaticano, las iglesias evangélicas carecen de un control central. Esto facilita que el gobierno establezca relaciones bilaterales y personales con los pastores. Esta fragmentación administrativa permite al régimen utilizar la personería jurídica como una herramienta de coerción. Un pastor que solicitó anonimato relató que los permisos para operar sus templos, que antes se otorgaban cada seis meses, ahora deben renovarse mensualmente bajo constantes trabas administrativas.
Desde una perspectiva regional, académicas como Gabriela Arguedas señalan que la manipulación de corrientes religiosas es más sencilla cuando no hay una estructura central. Además, la influencia del "dominionismo", una corriente estadounidense neopentecostal, impulsa a algunos pastores a buscar el ingreso en las estructuras del Estado para "refundar" el país bajo su doctrina divina, justificando pactos con cualquier político.
La exguerrillera y exdiputada Mónica Baltodano describe esta dinámica como la "política del garrote", donde el régimen ofrece premios a quienes se subordinan y castigos severos a quienes se rebelan. Esta estrategia de atraer y subordinar ha permitido que operadores políticos del Frente Sandinista ingresen en las filas evangélicas para incidir desde adentro.
En paralelo, existen denuncias sobre la naturaleza de la fe de Rosario Murillo. Fray Rafael Aragón sostiene que la copresidenta manipula el nombre de Dios para legitimar proyectos contra la dignidad humana, mientras que otros sectores denuncian que sus creencias son esotéricas, citando la proliferación de los "árboles de la vida" iluminados y el uso de símbolos como el pentagrama en eventos oficiales.
En un contexto donde se estiman 350 personas asesinadas desde las protestas de 2018 y decenas de miles de exiliados, el panorama religioso en Nicaragua refleja la profunda fractura del país. No obstante, diversos entrevistados coinciden en que, tras el fin de la dictadura, las iglesias podrían desempeñar un rol crucial en la reconciliación y la reconstrucción de la esfera pública, recuperando la libertad religiosa como una bandera fundamental.
