Un juez de la Unidad Judicial de Manta, en Ecuador, ha emitido una orden tajante dirigida a la Cancillería del país, exigiendo que se solicite al Gobierno de Estados Unidos una respuesta formal y detallada en un plazo máximo de 24 horas. Esta medida judicial surge a raíz de un operativo naval estadounidense llevado a cabo en altamar, el cual resultó en la destrucción de la embarcación denominada Conquista 2 y la desaparición de ocho tripulantes.
Durante la audiencia, el juez Isaías Mendoza enfatizó la necesidad imperativa de esclarecer el destino de los pescadores que aún no han sido localizados. El magistrado señaló que, si bien nueve de los tripulantes ya han sido puestos a disposición de la Fiscalía, persiste una incertidumbre crítica sobre el paradero del resto del personal. «Debemos conocer qué ha sucedido con los ocho tripulantes más», advirtió el juez, subrayando la urgencia de obtener respuestas claras sobre la operación intercepción ocurrida el pasado 2 de septiembre.
En virtud de este dictamen, el Estado ecuatoriano tiene la obligación legal de demandar al Gobierno estadounidense información precisa sobre la participación de sus unidades navales en el incidente. Entre los datos requeridos en este plazo improrrogable se encuentran la identidad de la autoridad que recibió al personal repatriado, las coordenadas geográficas exactas donde se realizó la operación, la fecha y hora precisas de la transferencia de los tripulantes, así como el fundamento jurídico bajo el cual se mantuvo la custodia de los pescadores.
Paralelamente a las exigencias diplomáticas, el sistema judicial ha ordenado medidas técnicas para asegurar las pruebas. La Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (Dirnea) y la Capitanía del Puerto de Manta han recibido la instrucción de preservar y custodiar todos los registros de radio, bitácoras de navegación, correos electrónicos, trayectorias capturadas por radares y los sistemas de seguimiento satelital disponibles.
El objetivo de estas medidas es determinar con exactitud el punto donde ocurrió el hundimiento del barco Conquista 2, el método empleado para destruirlo y la ubicación actual de sus restos. Para apoyar estas labores, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) será el encargado de ejecutar una reconstrucción técnica de las corrientes marinas, los vientos y la deriva, con el fin de delimitar nuevas zonas de búsqueda para los desaparecidos.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, el abogado Fernando Bastias, representante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), ha calificado los hechos como una "desaparición forzada de corta duración". Bastias fundamenta esta postura en la incomunicación total a la que fueron sometidos los tripulantes entre el 2 y el 4 de septiembre. Asimismo, el abogado destacó que, según publicaciones del Comando Sur de Estados Unidos en la red social X, la interdicción militar se habría realizado en coordinación con el Gobierno ecuatoriano. Por su parte, Ginger Reyes, esposa del capitán Eduardo Olguín, relató que tuvo conocimiento del abordaje militar extranjero a través de una videollamada.
Por su parte, el Comando Sur de Estados Unidos ha confirmado la ejecución de diversas operaciones navales e intercepciones en altamar. El argumento oficial es la lucha contra el narcotráfico en la región. En una de sus publicaciones, el Comando Sur detalló la intervención de la embarcación “María Candelaria”, vinculándola con la organización delictiva Los Choneros y señalándola como un punto de suministro de combustible. De hecho, el Comando Sur confirmó la interceptación y destrucción de al menos otros cuatro barcos bajo la misma premisa de apoyo logístico al narcotráfico.
Este caso no es un hecho aislado en 2026. Se han reportado otros incidentes similares, como el de la embarcación Fiorella, donde ocho de sus diez tripulantes desaparecieron el 20 de enero cerca de las Islas Galápagos tras perderse la señal. También se menciona el caso de la Negra Francisca Duarte II, cuyos tripulantes denunciaron haber sido encapuchados y esposados por personal con insignias estadounidenses tras ser ubicados por la Armada salvadoreña, y el barco Don Maca, que fue blanco de un ataque con drones el 26 de marzo.
Finalmente, el contexto de estas operaciones ha sido vinculado a una investigación del periódico The Washington Post, publicada el 13 de agosto, la cual sugiere que estas acciones forman parte de un programa encubierto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) dirigido contra naves sospechosas de estar involucradas en el tráfico de drogas.
