Costa Rica se encuentra actualmente en una encrucijada energética donde la velocidad de la economía digital parece superar el ritmo de las discusiones nacionales. Mientras el panorama global se enfoca en rediseñar la infraestructura eléctrica para satisfacer las demandas de nuevas tecnologías, el país permanece inmerso en un debate doméstico y dogmático sobre la apertura del sector eléctrico, priorizando la defensa de posiciones heredadas sobre la magnitud real del desafío técnico y económico.
La importancia estratégica de la energía en el país no es un concepto nuevo. Desde la creación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en 1949, el objetivo fue desarrollar las fuentes de energía de manera racional para fortalecer la economía nacional y brindar bienestar a la población, partiendo de la premisa de que sin electricidad no existe posibilidad de desarrollo. Si bien este principio fundamental sigue vigente, lo que ha evolucionado drásticamente es la escala, la complejidad y la velocidad de la demanda energética.
En la actualidad, el sistema eléctrico enfrenta presiones derivadas de la inteligencia artificial, el auge de los centros de datos, la electrificación del transporte y la manufactura avanzada, sumado a la relocalización de cadenas de suministro. En este contexto, los denominados "hyperscalers", que incluyen a gigantes como Amazon, Microsoft, Google y Meta, no basan sus decisiones en discusiones ideológicas. Estas empresas buscan asegurar energía firme y de largo plazo, invirtiendo activamente en almacenamiento, renovables, interconexiones, enfriamiento e incluso energía nuclear. Para la economía digital, el límite del crecimiento no reside únicamente en la capacidad de los chips, sino en la energía, la estabilidad de la red y la continuidad operativa.
Mientras el ecosistema global de datos explora infraestructuras innovadoras que se extienden bajo los océanos, en órbita y hasta en la Luna, la discusión en Costa Rica continúa centrada en el dilema simplista de "ICE contra privados". Esta visión ignora que la infraestructura digital se ubicará donde encuentre energía que sea limpia, firme, competitiva y, sobre todo, conducible.
Si bien Costa Rica posee ventajas competitivas reales, como una matriz energética limpia, una institucionalidad eléctrica sólida y una cobertura superior al 99%, estos logros pertenecen a una etapa anterior. El reto actual ya no es simplemente llevar la electricidad a todos los rincones, sino crecer, conducir, almacenar y distribuir una cantidad mucho mayor de energía para una economía que ya demanda más y que, en el futuro cercano, demandará significativamente más.
En este sentido, se plantea que la apertura eléctrica no puede limitarse únicamente a la generación privada. Aumentar la producción de electricidad sin expandir la capacidad de transmisión y distribución sería equivalente a incrementar el número de vehículos en las calles sin ampliar las carreteras. La red eléctrica es el factor determinante para que la energía llegue a su destino; por lo tanto, sin inversiones concretas en subestaciones, digitalización, almacenamiento, redundancia y un acceso regulado a la red, el cuello de botella persistirá.
Asimismo, es fundamental no concebir la red eléctrica como un mecanismo de control absoluto. Aunque cualquier red estratégica requiere de una planificación pública, una regulación firme y una visión nacional, esto no implica que el Estado deba asumir la totalidad de la construcción, el financiamiento y el endeudamiento. Un Estado pequeño no posee la capacidad financiera ilimitada para absorber por sí solo las inversiones que exige esta transición energética.
El dogmatismo político ha generado una polarización donde cualquier intento de apertura es caricaturizado como una "privatización salvaje", mientras que en el otro extremo se asume que la apertura por sí sola resolverá los problemas de eficiencia, capacidad y precio. Ambas posturas resultan insuficientes. La solución propuesta es una apertura integral, regulada y estratégica. En este modelo, el ICE mantendría su rol como actor central, planificador e integrador, pero permitiría que el capital privado acelere la inversión en generación, transmisión, distribución, almacenamiento y tecnología, siempre bajo reglas claras.
El objetivo no debe ser proteger la situación actual, sino diseñar la infraestructura para los próximos cien años. Para atraer centros de datos e industrias de alto valor agregado, no es suficiente contar con energía renovable; es imperativo conectar la nueva demanda sin saturar la red y ofrecer precios competitivos mediante una planificación anticipada.
Honrar el legado del ICE implica actualizar su razón de ser. Así como la institución nació en un momento donde la electricidad definía el desarrollo nacional, hoy esa realidad regresa con mayor fuerza y velocidad. La competencia actual no es local ni se limita al territorio nacional. Mantener dogmas ideológicos no protege al país, sino que pone en riesgo la llegada de inversión, empleo y desarrollo en una economía que ya no avanza de forma lineal, sino exponencial.
