La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, manifestó en una entrevista concedida a la agencia Reuters que la implementación de operaciones terrestres por parte de fuerzas estadounidenses en territorio costarricense representaría un beneficio para la seguridad nacional del país. No obstante, la mandataria fue enfática al señalar que, en el momento actual, no existen planes concretos en marcha para ejecutar dicha medida, en un contexto donde el país enfrenta desafíos crecientes en materia de inseguridad.
Fernández, quien asumió la presidencia en mayo, explicó que hace algunos meses mantuvo conversaciones sobre esta posibilidad. Durante dichos acercamientos, la mandataria detalló los canales legales que Costa Rica requeriría para permitir el despliegue de tropas extranjeras. Según la presidenta, una cooperación de este tipo sería favorable siempre que el objetivo sea la persecución de amenazas comunes, específicamente en lo relacionado con el terrorismo, el narcotráfico y el crimen transnacional. A pesar de su apertura, subrayó que cualquier acción de esta naturaleza dependería estrictamente de la aprobación del Poder Legislativo.
En cuanto a la situación interna de seguridad, Costa Rica ha registrado una tendencia a la baja en la cantidad de homicidios durante 2026 en comparación con el año anterior. De acuerdo con datos proporcionados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante el primer semestre de 2026 los homicidios disminuyeron un 14%, registrándose 381 casos frente a los reportados en el mismo periodo de 2025. A pesar de este descenso estadístico, la mandataria reconoció que la violencia vinculada al crimen organizado y al narcotráfico mantiene los índices de inseguridad en niveles históricamente altos.
Esta evolución de los datos ha influido en la toma de decisiones del Ejecutivo. Fernández informó que, por el momento, no tiene previsto solicitar al Congreso la declaración de un estado de excepción ni el levantamiento de garantías, medidas que había sugerido durante su campaña electoral. La presidenta justificó esta postura basándose en que las estadísticas actuales muestran una "rebaja sostenida" en la criminalidad durante el presente año.
Sin embargo, el gobierno mantiene una estrategia de mano dura en otras áreas. La presidenta identificó al narcotráfico como el principal problema nacional y ha centrado sus críticas en el Poder Judicial, al cual acusa de no emitir condenas suficientes contra los criminales. Además, el Ejecutivo sostiene que el sistema judicial ha sido infiltrado por la corrupción y que existen casos de persecución política contra funcionarios oficialistas. Como respuesta a esta situación, Fernández impulsa medidas estrictas en el sistema penitenciario, incluyendo la construcción de una prisión inspirada en el modelo de megacárcel implementado por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.
En el ámbito internacional, Costa Rica reafirmó su alianza con Estados Unidos y su participación como miembro fundador de la coalición multinacional de cooperación militar denominada Escudo de las Américas, anunciada en marzo por el presidente Donald Trump. Esta alianza busca coordinar esfuerzos para combatir carteles de droga y organizaciones criminales transnacionales. En una línea similar, Estados Unidos planteó a mediados de agosto la posibilidad de realizar ataques conjuntos contra grupos armados en Colombia.
Paralelamente, la mandataria aseguró que mantiene una relación "equilibrada y sana" con China, destacando que existen conversaciones diarias con la embajadora china en el país bajo las buenas prácticas diplomáticas. Respecto a Israel, con quien Costa Rica ha estrechado vínculos y firmado un tratado de libre comercio pendiente de ratificación, Fernández mencionó la posibilidad de trasladar la embajada costarricense de Tel Aviv a Jerusalén, aunque aclaró que aún sopesa las ventajas y desventajas antes de tomar una decisión final.
En el plano económico, la presidenta, quien es politóloga de 40 años y anteriormente fue ministra de la Presidencia y de Planificación Nacional, afirmó que su gobierno no contempla la creación de nuevos impuestos, aunque admitió que la incertidumbre global podría alterar el panorama en los próximos tres años. El gobierno busca obtener autorización legislativa para emitir hasta 13.500 millones de dólares en Eurobonos durante los próximos nueve años, con el fin de canjear "deuda cara por deuda barata" y destinar recursos adicionales a la seguridad nacional. Este proyecto enfrenta resistencia en la Asamblea Legislativa, donde el partido oficialista carece de la mayoría calificada.
Finalmente, destaca la configuración del gabinete actual, donde el expresidente Rodrigo Chaves, quien dejó el cargo en 2026, desempeña ahora las funciones de ministro de Presidencia y de Finanzas, manteniendo una influencia política considerable en la administración de Laura Fernández.
